EE.UU. ya no puede considerarse una democracia, ya que las decisiones políticas en el país no se toman de acuerdo con la voluntad de la mayoría de sus ciudadanos, sino únicamente para promover los intereses de la élite económica, publicó la prensa alemana citando un estudio de la Universidad de Princeton.
Según el periódico alemán 'Deutsche Wirtschafts Nachrichten', el reciente estudio dirigido por Martin Gilens y Benjamin Page analizó encuestas de opinión pública de EE.UU. y concluyó que los resultados de estos sondeos no tienen ningún efecto sobre la política de la Casa Blanca.
Al mismo tiempo, los investigadores demostraron que la élite económica y grupos organizados que representan los intereses de la economía sí "tienen una influencia significativa en las políticas del Gobierno de EE.UU.", y afectan a las relaciones internacionales, particularmente con Rusia.
El periódico alemán destaca que los resultados del estudio deben servir de advertencia a los europeos, ya que los actuales problemas económicos y políticos frecuentemente son generados por algunos grupos políticos que defienden los intereses económicos de un pequeño grupo de personas.
Dos académicos de prestigiosas universidades estadounidenses publicaron una investigación en la que aseguran tener evidencia para afirmar que la democracia en su país va por mal camino, porque está cada vez más influida por una minoría pudiente.
Martin Gilens, de la Universidad de Princeton, y Benjamin I. Page, de la Universidad Northwestern, alegan que las élites económicas son las que con más frecuencia ven reflejada su voluntad en las políticas de la nación que tantas veces ha sido vista como referente mundial de la democracia.
"La fuerte tendencia hacia la desregulación del gobierno de EE.UU. desde 1970, adoptada en grados variables por los dos partidos políticos, es mucho más consistente con las preferencias e intereses de las élites y grupos económicos que con los ciudadanos comunes y corrientes", asegura Gilens en declaraciones a BBC Mundo.
"Un ejemplo son las respuestas de los gobiernos de los presidentes George W. Bush y Barack Obama frente a la Gran Recesión: las instituciones financieras pudieron en gran medida evadir responsabilidades, la regulación financiera fue débil mientras que la clase media y los pobres no han podido recuperar el terreno perdido a pesar de que las corporaciones lo han recuperado notoriamente", añade el investigador.
"Si una oligarquía significa que unos pocos individuos muy ricos tienen la última palabra, entonces yo diría que EE.UU. no lo es... Pero debido a la falta de influencia de los ciudadanos promedio sobre las políticas de gobierno, los individuos más ricos y las organizaciones, EE.UU. es una democracia que no funciona bien", agrega.
De acuerdo con el estudio, una política propuesta con poco apoyo entre la élite estadounidense es adoptada sólo cerca del 18% de las veces, pero una con alto apoyo de las élites son adoptadas un 45% de las veces.
Los gobiernos de Bush y Obama han favorecido más a las corporaciones que a </br>los ciudadanos en las crisis, aseguran sus críticos.
"El análisis de múltiples variables indica que las élites económicas y los grupos organizados que representan intereses comerciales tienen impactos sustanciales independientes en la política de gobierno de EE.UU., mientras que los ciudadanos comunes y grupos de interés de masas tienen poca o ninguna influencia independiente", explica el informe.
Los dos profesores llegaron a esta conclusión después de analizar las respuestas de 1.779 preguntas formuladas en encuestas realizadas entre 1981 y 2002 sobre la generación de políticas públicas.
Las respuestas fueron segmentadas por niveles de ingresos y por la frecuencia con las que determinados grupos de ingresos y de intereses organizados vieron convertirse en ley sus propuestas.
El estudio de los académicos asegura que "cuando una mayoría de los ciudadanos no está de acuerdo con las élites y/o los grupos de intereses organizados, generalmente pierde. Esto debido al fuerte sesgo delstatus quo integrado al sistema político de EE.UU., aun cuando una extensa mayoría de los estadounidenses esté a favor del cambio político".
Gilens y Page concluyen que, aunque los estadounidenses disfrutan de muchas características centrales de la democracia, como elecciones regulares y libertad de expresión y asociación, en realidad la formulación de políticas está dominada por organizaciones empresariales de alto alcance y por un pequeño número de estadounidenses ricos.
Debate
La clase media ha perdido posición en la sociedad estadounidense.
Sin embargo, no todos comparten el tono alarmista que ha suscitado este estudio.
En una columna en el diario The New York Times, Scott Winship, investigador del Manhattan Institute -un centro de estudios de políticas en Nueva York- advierte que la investigación incluye un dato importante que no debe ser pasado por alto, más allá de cómo se toman las decisiones: que las preferencias sobre políticas son ampliamente compartidas entre los estadounidenses de altos ingresos y la clase media.
Es decir -destaca Winship- que sólo hay pocos desacuerdos entre ambos estamentos sociales.
Y añade que una de las posibles razones detrás de la impresión de que EE.UU. es dominado por una oligarquía es que los ciudadanos de los sectores pudientes registran una mayor participación electoral que la clase media.
Otros comentaristas han respaldado los argumentos de los académicos, asegurando que sí reflejan la dirección que está tomando la sociedad del país.
Robyn Pennacchia, de la publicación Death and Taxes, escribe que tal vez los estadounidenses deberían aceptar lo que ella llama su destino.
"Tal vez sea hora de admitir que tenemos una sociedad clasista y hacer como Reino Unido, donde existe una Cámara de los Lores y una Cámara de los Comunes, en vez de pretender que tenemos alguna suerte de igualdad de oportunidades aquí", asegura.
Ya antes de la trágica desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela normal rural de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre, el presidente de México Enrique Peña Nieto se encontraba al borde del precipicio. Su programa de reforma neoliberal, la sistemática represión de las protestas y su férreo control de los medios ya lo habían transformado en el presidente más impopular de la historia reciente del país.
La enorme agitación que explotó estos últimos días concierne no solamente la criminalidad y la violencia, sino también el poder social y el tema de la política democrática. Y lo que está en juego en la batalla que se libra hoy día por el México actual no es solamente el futuro de la paz y la prosperidad de los habitantes al sur del Río Bravo, sino también la democracia y la justicia al norte de la frontera. Antes de asumir el cargo el 1° de diciembre del 2012, Peña Nieto publicó un artículo en el Washington Post en el que trataba de disipar las inquietudes respecto a sus íntimos vínculos con la vieja guardia, la más corrupta y atrasada del autoritario Partido Revolucionario Institucional, que gobernó el país de 1929 al 2000. Invitaba a los observadores a olvidar el pasado del partido y en su lugar examinar su “plan para abrir el sector energético de México a la inversión privada, nacional e internacional”.
Promulgación de la «reforma energética», abriendo el camino a las privatizaciones del sector energético
En visperas de su primer encuentro con el presidente Barack Obama en Washington, Peña Nieto afirmaba que tales reformas “contribuirían a garantizar la independencia energética us-americana”, puesto que “México posee la quinta reserva más importante de gas de esquisto a nivel mundial, además de importantes reservas de petróleo en aguas profundas y un enorme potencial en materia de energías renovables”.
Obama, el ejército us-americano y el Congreso aceptaron apresuradamente el pacto con el diablo de Peña Nieto. Apoyarían ciegamente su presidencia a cambio de acciones rápidas para reformar el sector energético.
Durante los dos últimos años, ambas partes cumplieron fielmente sus compromisos. En diciembre de 2013, Peña Nieto hizo pasar a la fuerza la reforma histórica del artículo 27 de la Constitución, poniendo fin al monopolio del Estado sobre la industria petrolera y abrió las puertas a la especulación y a las grandes inversiones privadas por parte de los gigantes internacionales del petróleo. La mayoría de los mexicanos rechazó categóricamente estas reformas, pero fueron aplastados por el buldócer del Congreso de la Unión y esas reformas fueron adoptadas por una mayoría de los Congresos locales en solamente 10 días, sin debate y en violación flagrante del proceso democrático.
- ¿Tienes petróleo? -¿Tienes una reforma migratoria?
Mediante esta reforma legal se autorizó la transferencia de la renta petrolera pública al sector privado, cumpliendo los más anhelados sueños de Washington. Los EE.UU. llevaban años intentando implementar reformas similares en el Irak ocupado. Pero en México un presidente leal y corrupto resultó ser mucho más eficaz que una ocupación militar directa.
Como era de esperar, la mayor parte de la prensa internacional aplaudió vigorosamente la reforma petrolera. “Mientras que la economía de Venezuela se derrumba y se estanca el crecimiento de Brasil, México se está convirtiendo en el productor latinoamericano de petróleo al que vale la pena seguir de cerca – y un modelo en cuanto a la forma en la que la democracia puede servir un país en vía de desarrollo”, escribía el Washington Post en un editorial. El Financial Timesproclamaba con entusiasmo que “el voto histórico de México a favor de la apertura de su sector petrolero y gasífero a la inversión privada, después de 75 años bajo el yugo del estado, representaba una jugada política maestra para Peña Nieto”. Por su parte la revista Forbes señaló que si bien el anterior presidente Felipe Calderón “había tal vez impulsado reformas reales en el sector, era Peña Nieto el que entraría en los libros de historia”. Desde que Peña Nieto tomó el poder, el gobierno de los EE.UU. no ha emitido ninguna condena sobre la corrupción o las violaciones de los derechos humanos en México. Esto en un contexto en el cual las principales organizaciones internacionales tales como Human Rights Watch, Artículo 19, y decenas de ONG locales han documentado un aumento escandaloso de la represión de las protestas y de la violencia contra la prensa bajo la actual administración. La tímida reacción del gobierno us-americano frente a la masacre de los estudiantes acaecida el 26 de septiembre forma parte de una estrategia consistente en mirar hacia otro lado.
-Pregunta: ¿es hora de terminar la guerra contra el narcotráfico? - Respuesta unánime: ¡NO!
Pero el gobierno de los EE.UU no se limitó a permanecer como simple observador. También reforzó su implicación directa en la guerra contra el narcotráfico en México. El Congreso asignó miles de millones de dólares al financiamiento del sistema de seguridad del gobierno mexicano durante estos últimos años. Las autoridades mexicanas y us-americanas establecieron Centros de fusión de inteligencia en todo el país con el fin de compartir informaciones. Y el Wall Street Journal acaba de revelar que agentes us-americanos portan uniformes militares mexicanos para participar directamente en misiones especiales, como el reciente arresto de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el poderoso jefe del cártel de Sinaloa.
Ahora que la legitimidad de la administración de Peña Nieto se derrumba como un castillo de naipes, que fue claramente simbolizada por la quema pública de su enorme efigie en la plaza del Zócalo, el jueves pasado en el centro de la Ciudad de México, la pregunta que todo el mundo se hace es si el gobierno us-américano continuará la lucha hasta el final para defender a Peña Nieto o si todavía existen dentro del establishment político de los EE.UU. márgenes de maniobra en favor de la paz y de la democracia al sur del Río Bravo.
Las medidas tomadas recientemente por las autoridades mexicanas indican que continuarán recibiendo el apoyo indefectible de Washington.
Según varios testigos, durante las enormes manifestaciones del 20 de noviembre en México, provocadores encapuchados lanzaron cocteles molotov a la policía, y asistieron tranquilamente al maltrato de periodistas y de observadores de derechos humanos, así como al arresto de inocentes estudiantes. Peña Nieto inmediatamente hizo inculpar a 11 estudiantes por delitos federales graves –terrorismo, crimen organizado y conspiración- y los hizo encerrar en cárceles de alta seguridad a cientos de kilómetros de la capital.
Y el domingo pasado, 23 de noviembre, el poderoso secretario de Marina, el general Vidal Francisco Soberón Sanz, hizo una demostración sin precedente de activismo político declarando públicamente que las fuerzas armadas no sólo están comprometidas en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de droga, sino que también están listas para intervenir en apoyo al proyecto político neoliberal de Peña Nieto para “mover a México”. Cables de Wikileaks e informes independientes revelaron que el gobierno de los EE.UU mantiene una particular cercanía con la Marina de México, siendo esta institución castrense la favorita ante los demás cuerpos de seguridad del país.
Si la situación permanece con el rumbo actual, México podría pronto seguir el camino de Perú durante el autogolpe de Alberto Fujimori de 1992, ante los ojos de la administración Obama. A menos que los ciudadanos us-americanos alcen la voz en apoyo y solidaridad con sus vecinos mexicanos, el país podría convertirse en la presa de una nueva guerra sucia apoyada por los EE.UU contra estudiantes y militantes, similar a la represión durante los años 70 y 80, que costó centenares de miles de vidas en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua y en Honduras. Aún es tiempo de actuar antes que la América del Norte de hoy se convierta en una copia de la América Central de hace 30 o 40 años.
Durante una ceremonia en el Palacio Nacional en México, DF, el jueves 27 de noviembre 2014, Enrique Peña Nieto anunció un nuevo plan anticrimen que incluye la introducción de un número o documento nacional de identidad, que le da al Congreso el poder de disolver gobiernos municipales corruptos y y de poner las fuerzas de policía locales – a menudo corruptas – bajo el control de los gobiernos de los 31 estados del país (que, obviamente, no son para nada corruptos). El plan se centrará inicialmente en cuatro de los estados más conflictivos de México: Guerrero, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas.
“Si las atrocidades ocurridas en México fueran cometidas por algún régimen dictatorial de Sudán o Birmania, medios de comunicación mundiales se habrían indignado, y EE.UU. junto con sus aliados de la OTAN se habrían reunido en el Consejo de Seguridad de la ONU con una propuesta para bombardear [el país] inmediatamente y derrocar a estos caníbales”, escribió el politólogo Maxím Samorúkov en el portal ruso Slon.ru.
El analista recordó que después de que en Iguala estudiantes empezaran a manifestarse en contra de las autoridades, el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, ahora detenido, “decidió no dejarlos abandonar la ciudad para organizar un mitin en la capital del estado, Chilpancingo, y ordenó a la Policía que no dejara pasar a autobuses con los estudiantes de Iguala”.
Los normalistas mexicanos decidieron protestar dentro de la ciudad y eligieron un lugar ‘especial’ para su manifestación: una conferencia de María de los Ángeles Pineda Villa, jefa de la rama local de la Seguridad Social, esposa del exalcalde y también candidata a la Alcaldía de la localidad.
“Al alcalde no le gustó que [los manifestantes] dificultaran la campaña de su esposa y sucesora, y ordenó la detención de los estudiantes molestos”, explica Samorúkov.
La Policía abrió fuego contra los estudiantes, seis de ellos murieron y otros 25 resultaron heridos. Entre las víctimas también había transeúntes, añade el experto. “43 personas fueron detenidas. La Policía las llevó fuera de la ciudad y las entregó a representantes del cartel Guerreros Unidos. Los bandidos empujaron a los estudiantes a un camión y se marcharon. En el camino, 15 personas murieron por asfixia, otras fueron tiroteadas o quemadas”, dice el politólogo.
“Estas atrocidades sorprenden con su escala y el total desprecio por la vida humana”, señala Samorúkov y destaca que la culpa es del “disparate” total causado por la estructura unificada en la que participa el propio alcalde, traficantes de drogas y la Policía.
“Este caso no puede ser ignorado, ya que todo esto está sucediendo en una democracia real: con el alcalde elegido democráticamente que no pertenece al partido gobernante, con medios de comunicación libres y un sistema multipartidista”, señala Samorúkov.
DETRÁS DE LA INSTITUCIONES VISIBLES OPERA UNA MAQUINARIA SINIESTRA QUE CONTROLA PRESUPUESTOS MILITARES Y VIGILA A LOS CIUDADANOS Y A LA CUAL LAS DECISIONES DEL PRESIDENTE O DEL ELECTORADO POCO AFECTAN, SUGIERE EL ANALISTA MICHAEL J. GLENNON.
Micheal J. Glennon notó algo que muchas otras personas han notado: el gobierno de Barack Obama adoptó prácticamente la mismas políticas que el gobierno anterior en materia de seguridad nacional pese a que en su campaña había prometido impulsar las opuestas (incluso su lema había sido ser el cambio) (en este video se muestra un loop: los últimos 4 presidentes de EE.UU. declarando la guerra a Irak, casi como si fuera un mismo acto ensayado). A diferencia de las numerosas personas que han notado esto, Glennon es un especialista, lo que podemos llamar uninsider (está lejos de inclinarse a una teoría de las conspiración, es parte de la burocracia intelectual). Actualmente profesor de la Universidad de Tufts, se ha desempeñado como consejero del Comité de Relaciones Exteriores y del Departamento de Estado.
En su nuevo libro, “National Security and Double Government”, Glennon argumenta que hay un gobierno en la sombra, secretamente burocrático, algorítmico incluso, el cual opera sin ningún tipo de rendición de cuentas o transparencia. Este “doble gobierno” es el que dicta la política en materia militar y seguridad nacional. A esto podemos achacar que actualmente la prisión de Guantanamo, tan duramente criticada por Obama como candidato, sigue abierta; el NSA se ha vuelto mucho más agresivo en su vigilancia y hasta espionaje de los propios ciudadanos, al punto de que el Patriot Act, tan criticado por Obama como candidato, parece una ley liberal y sumamente blanda en comparación de PRISM. Un ejemplo, citado por Glennon, fue el aparente enojo que manifestó Obama al descubrir, después de ser investido, que tenía dos opciones para lidiar con la guerra de Afganistán: mandar más tropas o mandar muchas más tropas. Y recientemente se dio a conocer que Obama planea gastar 1 billón de dólares (eso es, 1 trillion, en inglés) modernizando las armas nucleares de Estados Unidos. Al parecer en las cuestiones más delicadas y donde más dinero y más despliegue de poder (y abuso) existe, el presidente no es decisivo.
Entrevistado por el Boston Globe, Glennon explicó que el concepto del “doble gobierno” proviene de la teoría de Walter Bagehot, quien en 1860 sugirió que existen dos tipos de instituciones, las ”instituciones dignificadas”, que en el caso del gobierno británico eran la monarquía y la Cámara de los Lores, las cuales la gente creía erróneamente que controlaban el gobierno, mientras que otras instituciones, las “instituciones eficientes”, eran las que realmente regían y dictaban la política. Actualmente en Estados Unidos estas instituciones eficientes podrían ser el mismo NSA (su ex director Keith Alexander, quien aparece en la foto inicial, fue considerado la persona más poderosa del mundo), agencias de inteligencia y ciertas corporaciones, como pueden ser los bancos, que tienen largas relaciones con el gobierno y el aparato legislativo.
Glennon cree que una de las razones por las cuales se da esta deferencia tiene que ver con que los miembros del congreso y los políticos suelen ser “generalistas” por lo que se apoyan en expertos en cuestiones de seguridad nacional y en materia económica, donde una imprecisión puede costarles muy caro; los expertos después exageran las amenazas y explotan el poder de la información privilegiada.
Es una gran ilusión, sostiene, pensar que la presidencia es una institución en la cima de la pirámide que da ordenes que son acatadas de manera descendente. Algunas de las decisiones más importantes “se originan dentro de la burocracia. John Kerry no exageraba cuando dijo que algunos de estos programas operaban en piloto automático”. El problema de esto es que estas burocracias, que recuerdan al Castillo de Kafka con sus infinitas e insondables operaciones y computos, “toman decisiones de seguridad en sus centros de mando que en una democracia pueden ser irreversibles y que eliminan el mercado de las ideas, muchas veces con consecuencias funestas”.
A la postre, este gobierno doble hace que los ciudadanos vivan una democracia ilusoria, cínica e incluso cruelmente vampírica (al también succionar la energía del interés político del pueblo). “Hay poco que ganar en informarse y volverse activo en torno a cuestiones que no puedes afectar, políticas que no puedes cambiar”. Recordemos aquí, con toda el golpe de realidad desencantada, una frase de Celine:
Que no vengan a alabarnos el mérito de Egipto y de los tiranos tártaros! Estos aficionados antiguos no eran sino unos maletas petulantes en el supremo arte de hacer rendir al animal vertical su mayor esfuerzo en el currelo. No sabían, aquellos primitivos, llamar “señor” al esclavo, ni hacerle votar de vez en cuando, ni pagarle el jornal, ni, sobre todo, llevarlo a la guerra para liberarlo de sus pasiones.
Incluso para una versión más pop de esto mismo, podemos entretener la reciente cruzada del actor Russell Brand, quien entre vítores y críticas, ha predicado la ilusión de la democracia, la cual considera una representación teatral manipulada que “gobierna para las corporaciones” y por lo tanto “el voto es una complicidad tácita con el sistema dominante” que ha creado ya una subclase desencantada.
La situación en Estados Unidos no se reproduce de manera idéntica en otros países pero es evidente que existen numerosos puntos en común que hacen que este modelo se extienda por el mundo, incluyendo la misma política exterior de Estados Unidos que influye en una gran cantidad de países –y en los casos en los que no logra extender su influencia a través de la expansión del capital y el deseo aspiracional suele buscar métodos alternos, como la desestabilización de regímenes que se le oponen. Cada país tiene sus “burocracias secretas” y su cúpulas de poder; en el caso de México tenemos por supuesto el excesivo poder que detentan ciertas empresas de telecomunicaciones, las cuales viven en el compadrazgo con el poder político y son capaces de manipular las elecciones para que los resultados les favorezcan o para que los candidatos que aspiran a ganar necesiten pactar de antemano las políticas que llevarán a cabo. Vemos aquí una versión del acto de prestidigitación política por antonomasia: cambiar para que todo siga igual, una fachada donde las fichas se mueven, pero las manos que son dueñas de esas fichas son las mismas
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