La “Operación Respuesta Borinqueña”, que se llevará a cabo en marzo y contará con la presencia de altos mandos castrenses de EEUU, así como observadores de Honduras y República Dominicana, coincide con el avance en los reclamos por el caso colonial de Puerto Rico ante foros diplomáticos.
De hecho, por primera vez desde la conferencia interamericana de 1948 en Bogotá, Puerto Rico tuvo voz en un evento hemisférico oficial de estados, con la intervención del presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, Rubén Berríos, en la sesión plenaria de presidentes en la III Cumbre de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC). En dicho evento, en que se reiteró de forma unánime el respaldo a la independencia y descolonización de Puerto Rico, Berríos dio un discurso en el que planteó que esta nación es “el verso que le falta al poema libertario de Bolívar”.
Berríos participó en la CELAC como parte de la delegación de Nicaragua y un par de días después, ese país le designó asesor de asuntos internacionales y descolonización.
De igual forma, la operación militar coincide con un avanzado deterioro interno y esfuerzos dramáticos por parte del Gobierno para corregir su propio rumbo ante el descalabro económico, social y político. Así por ejemplo, las estadísticas oficiales sin ajustar del Departamento del Trabajo indican que, en el semestre pasado, se aumentaron en 23.000 los puestos de trabajo en el Estado, lo que ayudó a compensar la pérdida de 50.000 empleos en la agricultura, la manufactura y el comercio durante el mismo período.
Ante estas circunstancias, que van desde la crisis interna hasta los cambios geopolíticos en la región, el ex gobernador Pedro Rosselló, una de las figuras cimeras del movimiento para convertir el país en un estado de la Unión de EEUU, ha planteado que “ya Puerto Rico va a llegar a ese final de su período colonial”.
En medio de ese ambiente de asedio diplomático desde América Latina y crisis interna para la gobernanza colonial, “Respuesta Borinqueña” será la primera maniobra militar notable desde que la Casa Blanca hizo público su plan estratégico para la protección de la frontera artificial de EEUU en el Caribe, cuya zona de operaciones va desde aguas al norte de Puerto Rico hasta Curacao, casi en las costas de América del Sur. Aunque es un ejercicio normativo que se lleva a cabo en distintos lugares de EEUU de manera rutinaria, su ejecución resulta un tanto llamativa en este punto estratégico del noreste del Mar Caribe, equidistante de Guantánamo y de Caracas.
En 2011 se llevaron a cabo eventos que guardan cierta semejanza, como el simulacro para medir si Puerto Rico tenía la capacidad para manejar decenas de miles de muertos producto de un evento catastrófico y la visita de los ingenieros de inteligencia militar conocidos como los “Leones Negros”. Al menos el primero de los eventos dejó una secuela de preocupaciones y hasta teorías conspirativas debido al envío de ataúdes en grandes cantidades para ser almacenados en Puerto Rico.
Esta vez, funcionarios han mencionado en privado que se debe tener cuidado de que no se filtren informes sobre ciertos lugares e instalaciones que puedan ser aprovechados por grupos hostiles.
Pero además, ha levantado preocupaciones en niveles técnicos el que el escenario de terremoto y tsunami que se utilizará en el ejercicio se complementa con sucesos bélicos y dificultades en la continuidad de la gobernanza al punto que no queda claro el orden de sucesión en cierta oficina importante. Pero eso se ha mantenido bajo cuerdas y –al menos oficialmente- las agencias del Gobierno expresan su adherencia total a la controversial maniobra militar.
La coronel Marta Carcana, ayudante general de la Guardia Nacional y designada “comandante dual” para Puerto Rico, advirtió que no es procedente que se hagan públicos los detalles del escenario y eventos de la maniobra para evitar que los efectivos que participarán conozcan de antemano las respuestas.
Lo que sí se ha hecho público es que, junto a los soldados de Puerto Rico, participarán tropas de respuesta rápida aerotransportadas de varios puntos de EEUU, agencias federales y de Puerto Rico, así como grupos cívicos. Los más de 400 eventos “inesperados”, se llevarán a cabo en San Juan, la ciudad sureña de Ponce y la base militar Campamento Santiago.
Parte del problema tiene que ver con las dificultades para lenguaje y valores comunes entre los militares y civiles –tanto aquí como en EEUU- por la incrementada presencia castrense, cosa que fue evaluada en un estudio de 2011 del Colegio de Guerra del Ejército. En dicho estudio se cita una directriz de la jefatura del comando conjunto del Pentágono en que se indica la importancia de “la doctrina” para delinear “lo que se enseña, lo que se cree, lo que se defiende y lo correcto”.
Por lo menos desde los ataques del 11-9 de 2001, la institucionalidad política de Washington ha elaborado un plan para la eventualidad de un evento catastrófico que interrumpa la continuidad del Gobierno (COG) y de sus operaciones (COOP) sin que se sepa a quién corresponde asumir el mando. Esos planes aparecen también en documentos de guardias nacionales de estados de EEUU fechados en 2011.
En las maniobras para eventos catastróficos en diversos estados, se practican respuestas ante daños graves a la infraestructura, grandes cantidades de muertos y heridos y hasta protestas sociales violentas, como en el caso de California. Pero el de Puerto Rico parece ser el primero en que podrían llevarse a cabo ejercicios referentes a los planes COG y COOP.
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