Mañana se cumplirán exactamente 30 años desde el día en que Domingo Felipe Cavallo asumió la presidencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el 2 de julio de 1982, durante la dictadura que encabezaba Reynaldo Bignone. Por su desempeño en ese cargo, Cavallo es señalado como responsable, junto con otros funcionarios, de una de las mayores tragedias económicas de la historia nacional: la estatización de la deuda externa privada. Es decir, el traspaso a las arcas del Estado de pasivos contraídos por empresas nacionales y extranjeras, con el objetivo de beneficiar a grandes corporaciones y grupos económicos que, hasta hoy y pese a la intervención de la justicia, no fueron llamados para dar explicaciones en los Tribunales.
Muchos economistas lo definieron, con ironía, como “el mayor acto de socialización” que haya ocurrido en la Argentina. Y fue, también, una muestra clara del fuerte componente cívico-militar que caracterizó a los años de plomo.
De acuerdo con los documentos a los que accedió Tiempo Argentino, gracias a la estatización de la deuda privada fueron beneficiadas más de 70 empresas. Entre las firmas nacionales más importantes se encuentran Sevel, por entonces, del Grupo Macri; Acindar, del ex ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz; Loma Negra, de los Fortabat; y Compañía Naviera, de la familia Pérez Companc. También hay corporaciones extranjeras, como Techint, IBM, Ford y Fiat. Y, por supuesto, el listado incluye al sector financiero: Banco Río, Francés, Citybank y Supervielle, entre otros (ver listado).
A fines del ’83, el perjuicio para el Estado se estimó en 23 mil millones de dólares: más de la mitad de la deuda externa de esos años, que alcanzaba los 45.100 millones de dólares. “Fue una de las mayores estafas al pueblo argentino. El Estado fue usado para negocios privados y para innumerable cantidad de operaciones turbias”, aseguró a este diario uno de los más rigurosos investigadores del tema, el ex diputado nacional Mario Cafiero.
Pero, ¿cómo fue posible que estos privados transfirieran sus pasivos en el exterior a las cuentas públicas? Según el historiador Alejandro Olmos Gaona, que demandó a un centenar de firmas favorecidas con la estatización de sus deudas en dictadura, la respuesta está en los llamados seguros de cambio. “Permitían que una empresa se endeudara con el exterior a un dólar uno a uno. Cuando el dólar subía y la empresa debía pagar su deuda, el Estado se hacía cargo de la diferencia”, explicó Olmos Gaona (ver recuadro).
Los seguros de cambio se implementaron en 1981, cuando Jorge Rafael Videla fue remplazado por Roberto Viola al frente de la Junta Militar, y Martínez de Hoz abandonó el Ministerio de Economía. Viola colocó a Lorenzo Sigaut en el Palacio de Hacienda y el Banco Central quedó a cargo de Egidio Ianella. El 5 de junio de ese año, el BCRA aplicó el primer seguro de cambio, que inició un breve periplo hacia la estatización, lisa y llana, de la deuda externa privada.
Mediante este régimen, el BCRA les garantizó a estos deudores el tipo de cambio vigente en aquel momento, con el objetivo de protegerlos en caso de que hubiera una devaluación que incrementara el valor de estos pasivos. Eso, justamente, fue lo que sucedió.
“El tipo de cambio aumentó diez veces en un año, con lo cual el Central le cobró a los privados en pesos y a la tasa inicial, lo que produjo un descomunal subsidio estatal para los deudores externos privados. Fue una estafa, pero una estafa legal”, sostuvo el historiador y economista Eduardo Basualdo, autor del libro Deuda externa y poder económico en la Argentina. A los pocos días, a esta contribución indirecta se sumó una de tipo directo. El 10 de junio de 1981, con la firma de Ianella, el BCRA dispuso un subsidio a los deudores privados de U$S 0,23 por cada dólar de deuda.
Un año después, luego de la Guerra de Malvinas, Bignone asumió la conducción de la cúpula militar. José María Dagnino Pastore remplazó a Sigaut en Economía, y Cavallo desembarcó en el Central, tras la salida de Ianella. Como vicepresidente de esa entidad fue designado Rodolfo Clutterbuck, dueño de la empresa Alpargatas SA, una de las beneficiadas por la estatización de los pasivos.
Cavallo estuvo sólo 59 días en el cargo, pero le bastó para modificar el régimen de seguros de cambio, con el fin de “mejorar el perfil de la deuda financiera externa privada a la vez que procurar atenuar los perjuicios que provocaron a prestatarios locales”, sostuvo el ex ministro. Sin embargo, Basualdo remarcó que este nuevo mecanismo “no anuló el anterior, sino que fue otra alternativa para los deudores externos privados.”
El economista Gonzalo Guilardes explicó didácticamente la medida dispuesta por Cavallo: “Le aseguraba a las empresas privadas endeudadas en dólares comprar un dólar más barato. Si esa moneda valía 100 y él se lo vendía a los endeudados a 50, ¿quién pagaba la diferencia? El Central. Fue una licuación del pasivo de los privados a costa del erario público.”
A pesar de las acusaciones en su contra, Cavallo niega toda responsabilidad e incluso se victimiza. En diálogo con Tiempo, el ex ministro de Economía de Carlos Menem y la Alianza sostuvo: “Es una verdadera infamia que se me siga atribuyendo la decisión de estatizar la deuda privada, porque yo no fui quien la decidió” (ver entrevista aparte).
Es cierto que la operación se concretó con su sucesor en el BCRA, Julio González del Solar, que el 17 de noviembre de 1982 dictó la Comunicación A251, titulada, sin eufemismos, “transformación de la deuda externa privada en deuda pública”. Pero el propio Cavallo admitió su responsabilidad en ese proceso en uno de sus libros. En la página 62 de Economía en tiempos de crisis, aseguró: “Cuando me acusan de haber echado sobre las espaldas de los ahorristas la deuda de las empresas, omiten decir que al menos yo lo hice uniformemente.” En la página 126, Cavallo habla de “la licuación de pasivos que dispuse, siendo presidente del Banco Central, entre julio y agosto de 1982”. Allí expone los seguros de cambios propuestos por su antecesor, Sigaut, y comenta: “Fueron mucho más generosos que los que reglamenté mediante la circular A137.” Y en la página 128 del mismo libro, sostiene: “El que soluciona el problema en general se arriesga a que lo acusen, como me ocurrió a mí, de ser responsable de todas las cosas malas.”
Pero el “problema en general” estuvo lejos de solucionarse. El mayor crecimiento de la deuda externa en dictadura se dio cuando se aplicó el régimen de seguros de cambio de Ianella y Cavallo. Sólo en ese período, la Argentina engrosó la cifra en 10 mil millones de dólares.
Pese al intento de Cavallo por desligarse, el juez Jorge Ballestero, que investigó en la causa Nº 14.467 el crecimiento de la deuda bajo el gobierno militar, determinó en un fallo del año 2000 que el pasivo del sector privado se hizo público a través de los mencionados seguros de cambio. “Empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior –sostiene el dictamen–, socializando costos, comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación del régimen de seguros de cambio.”
Además, el juez determinó que en muchos casos las empresas ni siquiera pagaron los créditos obtenidos, que debían ser abonados al Estado. Sin embargo, los funcionarios estatales jamás reclamaron ese dinero. Así, según las pericias, “con fondos del Tesoro Nacional se cancelaron obligaciones de varias empresas privadas en distintas monedas”, pero ni el BCRA ni el Banco Nacional de Desarrollo “iniciaron actuaciones judiciales para el recupero de las sumas”.
Por si fuera poco, en el listado de compañías favorecidas aparecen algunas asociadas a la Fundación Mediterránea, un think tank liberal nacido al calor del menemismo, que tuvo a Cavallo entre sus fundadores. Algunas de esas firmas son Alto Paraná SA, Sevel, Astra, Pérez Companc, Banco Galicia, Banco Francés, Grupo SADE, IBM, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, Banco Supervielle y Fiat. A fines del ’83, estas once corporaciones sumaban un total de 1779 millones de dólares de deuda.
“Este gran negociado lo manejó Cavallo, que en un tiempo muy breve produjo una transferencia de riqueza monumental hacia los empresarios”, aseguró Cafiero, quien a través de sus trabajos pudo establecer que “muchos de los préstamos que se efectuaron, en realidad, eran autopréstamos hechos por las empresas deudoras”. En ese sentido, Olmos Gaona agregó: “Con los seguros de cambio, las firmas privadas comenzaron a endeudarse ficticiamente para hacer un gran negocio.”
Así, el empresariado no sólo fue favorecido con lo dispuesto por el BCRA, sino también con los escasos controles sobre la actividad financiera. El juez Ballestero detectó infracciones a la ley penal cambiaria, confusión entre deudor y acreedor, sumas no ingresadas al país, anomalías en la concertación de seguros de cambio, aportes de capital encubiertos como préstamos financieros, subfacturaciones y autopréstamos.
Entre las entidades acusadas de realizar esta última maniobra estaban Cargill, Selva Oil, Sideco Americana, Socma, Suchard Argentina, Celulosa Jujuy, Ford Motors Argentina, Sudamtex, Textil Sudamericana y Renault.
Otras irregularidades fueron atribuidas a Cementos NOA SA que, de acuerdo con la causa, de los 50 millones de dólares que acusaba en concepto de deuda con bancos en el exterior, “sólo ingresaron al país 6.169.086, es decir el 12,20%, entregado por el Banco Exterior de España para la compra de maquinarias. El resto adeudado, más de 44 millones de dólares, jamás ingresó y debió ser asumido por el Estado.”
Pese a los intentos por condenar a los responsables de esta gran estafa, la causa judicial se cerró en 2000, sin condenas. Apenas hubo, por un tiempo, un procesado: Martínez de Hoz. Después de su contundente fallo, Ballesteros se limitó a enviar una recomendación al Congreso de la Nación para que determine a los posibles culpables, algo que nunca sucedió.
A fines de 2011, en el marco de un nuevo expediente abierto en 2005, el fiscal Federico Delgado presentó un escrito para volver a investigar la estatización de la deuda privada “en la que habría intervenido el entonces titular del Banco Central y luego ministro de Economía menemista y de la Alianza, Domingo Cavallo”.
Delgado señaló, además, que los privados “se beneficiaron progresivamente con los regímenes de seguros de cambio instaurados, a partir de 1981, por el BCRA”. El fiscal planteó la evaluación del inicio de acciones de reparación no sólo contra funcionarios públicos sino también contra empresas.
Hasta ahora, este pedido no tuvo ninguna respuesta, y de esa forma, a los millones estatizados por la dictadura, se sigue sumando otra deuda: la de la justicia.<
Muchos economistas lo definieron, con ironía, como “el mayor acto de socialización” que haya ocurrido en la Argentina. Y fue, también, una muestra clara del fuerte componente cívico-militar que caracterizó a los años de plomo.
De acuerdo con los documentos a los que accedió Tiempo Argentino, gracias a la estatización de la deuda privada fueron beneficiadas más de 70 empresas. Entre las firmas nacionales más importantes se encuentran Sevel, por entonces, del Grupo Macri; Acindar, del ex ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz; Loma Negra, de los Fortabat; y Compañía Naviera, de la familia Pérez Companc. También hay corporaciones extranjeras, como Techint, IBM, Ford y Fiat. Y, por supuesto, el listado incluye al sector financiero: Banco Río, Francés, Citybank y Supervielle, entre otros (ver listado).
A fines del ’83, el perjuicio para el Estado se estimó en 23 mil millones de dólares: más de la mitad de la deuda externa de esos años, que alcanzaba los 45.100 millones de dólares. “Fue una de las mayores estafas al pueblo argentino. El Estado fue usado para negocios privados y para innumerable cantidad de operaciones turbias”, aseguró a este diario uno de los más rigurosos investigadores del tema, el ex diputado nacional Mario Cafiero.
Pero, ¿cómo fue posible que estos privados transfirieran sus pasivos en el exterior a las cuentas públicas? Según el historiador Alejandro Olmos Gaona, que demandó a un centenar de firmas favorecidas con la estatización de sus deudas en dictadura, la respuesta está en los llamados seguros de cambio. “Permitían que una empresa se endeudara con el exterior a un dólar uno a uno. Cuando el dólar subía y la empresa debía pagar su deuda, el Estado se hacía cargo de la diferencia”, explicó Olmos Gaona (ver recuadro).
Los seguros de cambio se implementaron en 1981, cuando Jorge Rafael Videla fue remplazado por Roberto Viola al frente de la Junta Militar, y Martínez de Hoz abandonó el Ministerio de Economía. Viola colocó a Lorenzo Sigaut en el Palacio de Hacienda y el Banco Central quedó a cargo de Egidio Ianella. El 5 de junio de ese año, el BCRA aplicó el primer seguro de cambio, que inició un breve periplo hacia la estatización, lisa y llana, de la deuda externa privada.
Mediante este régimen, el BCRA les garantizó a estos deudores el tipo de cambio vigente en aquel momento, con el objetivo de protegerlos en caso de que hubiera una devaluación que incrementara el valor de estos pasivos. Eso, justamente, fue lo que sucedió.
“El tipo de cambio aumentó diez veces en un año, con lo cual el Central le cobró a los privados en pesos y a la tasa inicial, lo que produjo un descomunal subsidio estatal para los deudores externos privados. Fue una estafa, pero una estafa legal”, sostuvo el historiador y economista Eduardo Basualdo, autor del libro Deuda externa y poder económico en la Argentina. A los pocos días, a esta contribución indirecta se sumó una de tipo directo. El 10 de junio de 1981, con la firma de Ianella, el BCRA dispuso un subsidio a los deudores privados de U$S 0,23 por cada dólar de deuda.
Un año después, luego de la Guerra de Malvinas, Bignone asumió la conducción de la cúpula militar. José María Dagnino Pastore remplazó a Sigaut en Economía, y Cavallo desembarcó en el Central, tras la salida de Ianella. Como vicepresidente de esa entidad fue designado Rodolfo Clutterbuck, dueño de la empresa Alpargatas SA, una de las beneficiadas por la estatización de los pasivos.
Cavallo estuvo sólo 59 días en el cargo, pero le bastó para modificar el régimen de seguros de cambio, con el fin de “mejorar el perfil de la deuda financiera externa privada a la vez que procurar atenuar los perjuicios que provocaron a prestatarios locales”, sostuvo el ex ministro. Sin embargo, Basualdo remarcó que este nuevo mecanismo “no anuló el anterior, sino que fue otra alternativa para los deudores externos privados.”
El economista Gonzalo Guilardes explicó didácticamente la medida dispuesta por Cavallo: “Le aseguraba a las empresas privadas endeudadas en dólares comprar un dólar más barato. Si esa moneda valía 100 y él se lo vendía a los endeudados a 50, ¿quién pagaba la diferencia? El Central. Fue una licuación del pasivo de los privados a costa del erario público.”
A pesar de las acusaciones en su contra, Cavallo niega toda responsabilidad e incluso se victimiza. En diálogo con Tiempo, el ex ministro de Economía de Carlos Menem y la Alianza sostuvo: “Es una verdadera infamia que se me siga atribuyendo la decisión de estatizar la deuda privada, porque yo no fui quien la decidió” (ver entrevista aparte).
Es cierto que la operación se concretó con su sucesor en el BCRA, Julio González del Solar, que el 17 de noviembre de 1982 dictó la Comunicación A251, titulada, sin eufemismos, “transformación de la deuda externa privada en deuda pública”. Pero el propio Cavallo admitió su responsabilidad en ese proceso en uno de sus libros. En la página 62 de Economía en tiempos de crisis, aseguró: “Cuando me acusan de haber echado sobre las espaldas de los ahorristas la deuda de las empresas, omiten decir que al menos yo lo hice uniformemente.” En la página 126, Cavallo habla de “la licuación de pasivos que dispuse, siendo presidente del Banco Central, entre julio y agosto de 1982”. Allí expone los seguros de cambios propuestos por su antecesor, Sigaut, y comenta: “Fueron mucho más generosos que los que reglamenté mediante la circular A137.” Y en la página 128 del mismo libro, sostiene: “El que soluciona el problema en general se arriesga a que lo acusen, como me ocurrió a mí, de ser responsable de todas las cosas malas.”
Pero el “problema en general” estuvo lejos de solucionarse. El mayor crecimiento de la deuda externa en dictadura se dio cuando se aplicó el régimen de seguros de cambio de Ianella y Cavallo. Sólo en ese período, la Argentina engrosó la cifra en 10 mil millones de dólares.
Pese al intento de Cavallo por desligarse, el juez Jorge Ballestero, que investigó en la causa Nº 14.467 el crecimiento de la deuda bajo el gobierno militar, determinó en un fallo del año 2000 que el pasivo del sector privado se hizo público a través de los mencionados seguros de cambio. “Empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior –sostiene el dictamen–, socializando costos, comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación del régimen de seguros de cambio.”
Además, el juez determinó que en muchos casos las empresas ni siquiera pagaron los créditos obtenidos, que debían ser abonados al Estado. Sin embargo, los funcionarios estatales jamás reclamaron ese dinero. Así, según las pericias, “con fondos del Tesoro Nacional se cancelaron obligaciones de varias empresas privadas en distintas monedas”, pero ni el BCRA ni el Banco Nacional de Desarrollo “iniciaron actuaciones judiciales para el recupero de las sumas”.
Por si fuera poco, en el listado de compañías favorecidas aparecen algunas asociadas a la Fundación Mediterránea, un think tank liberal nacido al calor del menemismo, que tuvo a Cavallo entre sus fundadores. Algunas de esas firmas son Alto Paraná SA, Sevel, Astra, Pérez Companc, Banco Galicia, Banco Francés, Grupo SADE, IBM, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, Banco Supervielle y Fiat. A fines del ’83, estas once corporaciones sumaban un total de 1779 millones de dólares de deuda.
“Este gran negociado lo manejó Cavallo, que en un tiempo muy breve produjo una transferencia de riqueza monumental hacia los empresarios”, aseguró Cafiero, quien a través de sus trabajos pudo establecer que “muchos de los préstamos que se efectuaron, en realidad, eran autopréstamos hechos por las empresas deudoras”. En ese sentido, Olmos Gaona agregó: “Con los seguros de cambio, las firmas privadas comenzaron a endeudarse ficticiamente para hacer un gran negocio.”
Así, el empresariado no sólo fue favorecido con lo dispuesto por el BCRA, sino también con los escasos controles sobre la actividad financiera. El juez Ballestero detectó infracciones a la ley penal cambiaria, confusión entre deudor y acreedor, sumas no ingresadas al país, anomalías en la concertación de seguros de cambio, aportes de capital encubiertos como préstamos financieros, subfacturaciones y autopréstamos.
Entre las entidades acusadas de realizar esta última maniobra estaban Cargill, Selva Oil, Sideco Americana, Socma, Suchard Argentina, Celulosa Jujuy, Ford Motors Argentina, Sudamtex, Textil Sudamericana y Renault.
Otras irregularidades fueron atribuidas a Cementos NOA SA que, de acuerdo con la causa, de los 50 millones de dólares que acusaba en concepto de deuda con bancos en el exterior, “sólo ingresaron al país 6.169.086, es decir el 12,20%, entregado por el Banco Exterior de España para la compra de maquinarias. El resto adeudado, más de 44 millones de dólares, jamás ingresó y debió ser asumido por el Estado.”
Pese a los intentos por condenar a los responsables de esta gran estafa, la causa judicial se cerró en 2000, sin condenas. Apenas hubo, por un tiempo, un procesado: Martínez de Hoz. Después de su contundente fallo, Ballesteros se limitó a enviar una recomendación al Congreso de la Nación para que determine a los posibles culpables, algo que nunca sucedió.
A fines de 2011, en el marco de un nuevo expediente abierto en 2005, el fiscal Federico Delgado presentó un escrito para volver a investigar la estatización de la deuda privada “en la que habría intervenido el entonces titular del Banco Central y luego ministro de Economía menemista y de la Alianza, Domingo Cavallo”.
Delgado señaló, además, que los privados “se beneficiaron progresivamente con los regímenes de seguros de cambio instaurados, a partir de 1981, por el BCRA”. El fiscal planteó la evaluación del inicio de acciones de reparación no sólo contra funcionarios públicos sino también contra empresas.
Hasta ahora, este pedido no tuvo ninguna respuesta, y de esa forma, a los millones estatizados por la dictadura, se sigue sumando otra deuda: la de la justicia.<
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