La huelga promovida por los secretarios generales de la CGT opositora de Hugo Moyano, Luis Barrionuevo; y de la CTA opositora, Pablo Micheli; fue evaluada por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien aseguró que "la gran mayoría de los argentinos ha concurrido a trabajar" por lo que "no se puede decir que lo que hoy ocurrió sea un paro general".
El cese parcial de actividades no contó con la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ni con la mayoría de los delegados del subte, por lo que el servicio de transporte público de la ciudad de Buenos Aires tuvo un servicio prácticamente normal de colectivos y subterráneos.
Los trenes no funcionaron por el paro de los maquinistas y algunas de las nuevas formaciones del ferrocarril Sarmiento sufrieron ataques, en una clara agresión al Gobierno.
Como en abril, los piquetes de los partidos de izquierda apoyaron las intenciones desestabilizadoras de Moyano y compañía: en horas de la mañana los principales ingresos a los grandes centros metropolitanos se vieron complicados.
Mientras que el titular del gremio de Camioneros, se desentendía de los cortes, se vieron integrantes del Sindicato de Camioneros en seis provincias, también protagonizaron aprietes a comercios que no adhirieron a la medida de fuerza.
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