La "Caravana 43 Sudamérica", integrada por padres de los 43 estudiantes desaparecidos desde hace casi nueve meses tras ser atacados por la policía de Iguala, en el estado mexicano Guerrero, y un sobreviviente de ese episodio, encabezarán esta tarde una marcha hacia la Cancillería argentina para reclamar "acciones que impidan que el gobierno de México archive el caso" y la "aparición con vida" de los jóvenes.
Esta marcha, que será precedida por una concentración frente a la embajada de México, en el barrio porteño de Belgrano, es el último punto de la recorrida por la Argentina, que comenzó por Córdoba y siguió en Rosario, y que continuará en Uruguay y Brasil.
El periplo por Buenos Aires comenzó el sábado por la noche, en un encuentro con organizaciones defensoras de los derechos humanos y sociales realizada en el espacio Pañuelos en Lucha, en el barrio de Nueva Pompeya.
Allí Hilda Hernández Rivera y Mario César González Contreras, padres de César González Hernández; Hilda Leguideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Leguideño, y el estudiante de Ayotzinapa Francisco Sánchez Nava contaron a sus anfitriones y a la prensa las dificultades que enfrentaron y enfrentan para llevar su reclamo de aparición con vida de los 43.
Los visitantes fueron recibidos por 43 representantes de organismos, portando cada uno una pancarta con la foto de uno de los estudiantes desaparecidos, que se presentaron con la fórmula: "Soy Mirta Baravalle, fundadora de Madres de Plaza de Mayo, y también soy Alexandez Mora Velázquez".
Además de Baravalle, quien alentó a los visitantes mexicanos a contar al mundo lo que pasa en su país, a partir de la experiencia en ese sentido de las Madres, portaron pancartas representantes de organizaciones formadas por familiares de víctimas del atentado a la AMIA, de las tragedias de Cromañón y Once y del Gatillo Fácil, entre muchos otros colectivos.
"No sentimos que nuestros hijos estén muertos y por eso los seguimos buscando en vida"
Hilda Hernández Rivera Los hechos que relataron con emoción y crudeza los familiares de los 43 estudiantes mexicanos ocurrieron en la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando siete civiles, entre ellos tres alumnos de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, fueron asesinados y otros 43 normalistas fueron desaparecidos por miembros de la policía municipal de Iguala, quienes presuntamente luego los entregaron a la organización criminal Guerreros Unidos.
"No sentimos que nuestros hijos estén muertos y por eso los seguimos buscando en vida", dijo Hernández Rivera.
Télam la consultó sobre una versión que circuló meses atrás sobre la posibilidad de que los 43 estudiantes hayan sido secuestrados y sometidos a esclavitud en el cultivo de drogas por organizaciones criminales. "Creemos que eso es posible, pero el Ejército no nos ha dejado avanzar en esa investigación; ojalá sea así, porque significaría que están vivos", dijo.
A su turno, González Contreras destacó: "Somos campesinos, indígenas. Ellos (el gobierno mexicano y los grupos criminales) están acostumbrados a desaparecer a la gente más pobre que intenta protestar por las injusticias, porque no tenemos cómo pagar abogados".
La otra madre, Leguideño Vargas, denunció que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa no es un hecho aislado y sostuvo que "en estos momentos hay en México una comisión de expertos internacionales independientes que quienes investigar y entrevistar a miembros del Ejército, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto, que es parte y cómplice de toda esta situación, no los deja avanzar y ha negado esa posibilidad".
Por último, Sánchez Nava señaló que los ataques contra la escuela de Ayotzinapa comenzaron en 2011, cuando el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, intentó bajar la matrícula de esa institución, que forma a maestros rurales, lo que generó el reclamo de los estudiantes que terminó en una protesta donde mataron a dos estudiantes, "para los que hasta el momento no hubo justicia".
Esta marcha, que será precedida por una concentración frente a la embajada de México, en el barrio porteño de Belgrano, es el último punto de la recorrida por la Argentina, que comenzó por Córdoba y siguió en Rosario, y que continuará en Uruguay y Brasil.
El periplo por Buenos Aires comenzó el sábado por la noche, en un encuentro con organizaciones defensoras de los derechos humanos y sociales realizada en el espacio Pañuelos en Lucha, en el barrio de Nueva Pompeya.
Allí Hilda Hernández Rivera y Mario César González Contreras, padres de César González Hernández; Hilda Leguideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Leguideño, y el estudiante de Ayotzinapa Francisco Sánchez Nava contaron a sus anfitriones y a la prensa las dificultades que enfrentaron y enfrentan para llevar su reclamo de aparición con vida de los 43.
Los visitantes fueron recibidos por 43 representantes de organismos, portando cada uno una pancarta con la foto de uno de los estudiantes desaparecidos, que se presentaron con la fórmula: "Soy Mirta Baravalle, fundadora de Madres de Plaza de Mayo, y también soy Alexandez Mora Velázquez".
Además de Baravalle, quien alentó a los visitantes mexicanos a contar al mundo lo que pasa en su país, a partir de la experiencia en ese sentido de las Madres, portaron pancartas representantes de organizaciones formadas por familiares de víctimas del atentado a la AMIA, de las tragedias de Cromañón y Once y del Gatillo Fácil, entre muchos otros colectivos.
"No sentimos que nuestros hijos estén muertos y por eso los seguimos buscando en vida"
Hilda Hernández Rivera Los hechos que relataron con emoción y crudeza los familiares de los 43 estudiantes mexicanos ocurrieron en la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando siete civiles, entre ellos tres alumnos de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, fueron asesinados y otros 43 normalistas fueron desaparecidos por miembros de la policía municipal de Iguala, quienes presuntamente luego los entregaron a la organización criminal Guerreros Unidos.
"No sentimos que nuestros hijos estén muertos y por eso los seguimos buscando en vida", dijo Hernández Rivera.
Télam la consultó sobre una versión que circuló meses atrás sobre la posibilidad de que los 43 estudiantes hayan sido secuestrados y sometidos a esclavitud en el cultivo de drogas por organizaciones criminales. "Creemos que eso es posible, pero el Ejército no nos ha dejado avanzar en esa investigación; ojalá sea así, porque significaría que están vivos", dijo.
A su turno, González Contreras destacó: "Somos campesinos, indígenas. Ellos (el gobierno mexicano y los grupos criminales) están acostumbrados a desaparecer a la gente más pobre que intenta protestar por las injusticias, porque no tenemos cómo pagar abogados".
La otra madre, Leguideño Vargas, denunció que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa no es un hecho aislado y sostuvo que "en estos momentos hay en México una comisión de expertos internacionales independientes que quienes investigar y entrevistar a miembros del Ejército, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto, que es parte y cómplice de toda esta situación, no los deja avanzar y ha negado esa posibilidad".
Por último, Sánchez Nava señaló que los ataques contra la escuela de Ayotzinapa comenzaron en 2011, cuando el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, intentó bajar la matrícula de esa institución, que forma a maestros rurales, lo que generó el reclamo de los estudiantes que terminó en una protesta donde mataron a dos estudiantes, "para los que hasta el momento no hubo justicia".
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