Chris Grey, portavoz del Comando de Investigaciones Criminales del Ejército estadounidense, anunció el desarrollo de una investigación en torno a las denuncias hechas por la “Comisión Histórica para el Conflicto en Colombia”, sobre la violación de 54 niñas colombianas por militares norteamericanos, quienes, además, filmaron y vendieron los videos.
Aunque advirtió que no había ningún registro previo de las denuncias por los casos de abuso sexual, ni tampoco evidencias de tales crímenes, Grey afirmó que el Ejército de Estados Unidos “se toma el asunto en serio” y por ello se adelantará una tarea coordinada con las autoridades colombianas para iniciar las investigaciones respectivas.
Las precisiones las hizo la vocera del Comando de Investigaciones Criminales del Ejército estadounidense en declaraciones que transcribe en la fecha el diario The Daily Beast, al retomar un informe de la Comisión Histórica –encargado por el gobierno Colombiano y la guerrilla de las Farc en el marco de las negociaciones de paz de La Habana—y en el cual se señala que soldados y contratistas militares de Estados Unidos agredieron sexualmente a por lo menos 54 niñas colombianas durante los años 2003 y 2007.
El informativo señala que el reporte forma parte de un informe de Colombia sobre la ”Comisión Histórica para el conflicto y sus víctimas”, que está dirigido a establecer “causas y agravantes de la violencia” del conflicto en Colombia.
Sin embargo, advierte que ninguno de los estadounidenses implicados en los abusos sexuales ha sido procesado debido a los acuerdos bilaterales y la inmunidad diplomática.
The Daily Beast indica que la sección que detalla la participación estadounidense en el conflicto fue editada por Renán Vega Cantor, profesor izquierdista de historia en la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá.
En Melgar y Girardot, dice el reporte, “53 menores de edad fueron víctimas de abusos sexuales por parte de mercenarios, que también filmaron y vendieron las cintas como material pornográfico. También en Melgar, un contratista y un sargento en los Estados Unidos violaron a una niña de 12 años de edad, en 2007. Tanto sus actividades, así como su inmunidad, contribuyeron a la inseguridad de la población en zonas de conflicto”.
“Existen abundantes pruebas de la violencia sexual y de total impunidad, gracias a los acuerdos bilaterales y la inmunidad diplomática de funcionarios de Estados Unidos”, agrega el documento.
También señala: “Los casos de asalto sexual perpetrados por soldados y contratistas militares de los Estados Unidos deben ser investigados a través de Colombia y los culpables castigados.”
The Daily Beast reseña en su reporte que en desarrollo del conflicto armado en Colombia “hasta 220.000 personas han muerto y 5,7 millones de personas desplazadas desde 1965 en la lucha, que los negociadores están tratando de poner fin a las conversaciones de paz en curso en la capital cubana”.
Las conversaciones de paz en La Habana son deliberadamente cerradas al público para facilitar las negociaciones, por lo que la obtención de información específica acerca de las posturas del gobierno o de las Farc es difícil, advierte. No se cumplieron múltiples solicitudes de aclaración sobre la postura de Bogotá sobre el informe. Los intentos de llegar al Alto Comisionado para la Paz , Sergio Jaramillo Caro , fueron igualmente infructuosos, puntualiza.
El Ejército de Estados Unidos, sin embargo, dijo a The Daily Beast que no se había encontrado ninguna evidencia creíble para justificar una investigación, pero dijo que la investigación adicional es posible.
“El Comando de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos está coordinando con las autoridades los planes de llevar a cabo investigaciones criminales sobre las denuncias creíbles de asalto sexual o actos delictivos cometidos por soldados de Estados Unidos en Colombia,” afirmó la portavoz del Ejército Cynthia O. Smith en un correo electrónico. “Nos tomamos este asunto muy en serio y vamos a perseguir agresivamente todas las acusaciones creíbles”, añadió.
Teniendo como base el informe de la Comisión Histórica del conflicto, The Daily Beast advierte que esta no es la primera vez que se hacen acusaciones contra las tropas estadounidenses en Colombia.
En 2005, cinco soldados estadounidenses fueron detenidos en una base militar en Texas por intentar contrabandear 35 libras de cocaína de Colombia. Fueron detenidos inicialmente en Colombia, pero no fueron juzgados allí bajo los términos del acuerdo de 1974, a pesar de las llamadas de funcionarios colombianos para su extradición.
En otro ejemplo de ese mismo año, dos soldados fueron arrestados en Colombia por presunto intento de vender hasta 31.000 rondas de municiones a grupos derechistas paramilitares . Los colombianos entregaron a los hombres a los EE.UU., lo que los llevó fuera del país.
No está claro si los soldados en ambos casos fueron posteriormente procesados en los Estados Unidos, puntualiza.
En los alegatos más explosivos en Colombia, Vega escribió, hasta 54 mujeres jóvenes y niños fueron presuntamente drogado y llevado de vuelta a las bases, donde en algunos casos se alegaba que el abuso se han filmado y vendidos como pornografía. En el caso más notorio, los fiscales colombianos acusados de un soldado del ejército de Estados Unidos y un contratista de defensa de drogar y violar a una niña de 12 años de edad, en 2007, después de llevarla de regreso a una base militar en Melgar donde estaban estacionados.
The Daily Beast afirma que la violencia sexual contra las mujeres en Colombia es endémica, pues subraya que los 54 casos denunciados contra el personal militar estadounidense sería una pequeña fracción de los casos en el conflicto de 50 años.
La gran mayoría de la violencia sexual contra las mujeres ha sido a manos del ejército colombiano y las Farc y otros grupos paramilitares, que han utilizado rutinariamente violación como arma de guerra. También se utilizan abortos y esterilizaciones forzadas.
Cita un informe de la Unidad de Víctimas Nacional en Bogotá que registra 7.234 mujeres colombianas como víctimas de la violencia sexual en el conflicto entre el gobierno y los rebeldes izquierdistas. Es una lamentable pequeño reflejo de la enorme número real de víctimas, precisa.
También establece que un informe de 2009 de Oxfam encontró que entre el 60 y 70 por ciento de todas las mujeres colombianas han sido víctimas de alguna forma de violencia, ya sea física, psicológica, sexual, o políticas sobre-tres casos cada dos horas. Tal vez hasta el 90 por ciento de esos crímenes no se denuncian. “Es imposible … de cuantificar, ni de manera aproximada, el número real de mujeres que son o han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual en los 50 años del conflicto armado”, encontró el informe.
La cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos va décadas y ha dado la espalda a largo tropas estadounidenses inmunidad diplomática. A 1.974 becas Acuerdo de Misiones Militares “personal de los Estados Unidos y sus personas a cargo los privilegios, exenciones e inmunidades otorgadas al personal administrativo y técnico de una misión diplomática con arreglo a la Convención de Viena”.
Pero que la cooperación se amplió radicalmente el marco del Plan Colombia, $ 7500 millones el programa de Washington para ayudar a Bogotá carteles de la droga de lucha y los grupos rebeldes de izquierda como las FARC y el Ejército de liberación nacional, Eln.
Fundada bajo el presidente Clinton, el programa se amplió por el presidente Bush en 2004, duplicando el número de asesores militares 400-800 y aumentando el número de contratistas 400-600. El Acuerdo de Cooperación entre Estados Unidos y Colombia Defensa 2009 concede el acceso de Estados Unidos a ” tres bases aéreas colombianas, ubicadas en Palanquero, Apiay y Malambo. El acuerdo también permite el acceso a dos bases navales y dos instalaciones del ejército y otras instalaciones militares colombianas si se acuerda mutuamente “.
La era Bush DCA también dijo que Estados Unidos “adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar que el personal de los Estados Unidos y sus dependientes cubiertos por este párrafo se investigan, con la cooperación de las autoridades colombianas, por crímenes presuntamente cometidos en territorio colombiano, y, si se amerita, sean procesados con todo el rigor de la ley “.
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