Un estudio de la ONU revela que las transnacionales están comprando grandes cantidades de tierra en América Latina. Algunos analistas creen que eso puede amenazar la seguridad alimentaria de los países latinos.
Un estudio de la ONU revela que las transnacionales están comprando grandes cantidades de tierra en América Latina. Algunos analistas creen que eso puede amenazar la seguridad alimentaria de los países latinos.
El informe, redactado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), señala que el fenómeno de acaparamiento de tierras afecta en mayor parte a Brasil y Argentina. Sin embargo, los países restantes de la región también despiertan el interés de los compradores extranjeros.
Los expertos coinciden en lo que los recursos tierra son cruciales para la economía, especialmente en los actuales tiempos de crisis económica. Y el fenómeno de concentración y extranjerización de tierras en América Latina se debe a que "la tierra en los países latinoamericanos es más barata que en los países capitalistas desarrollados", asegura el analista internacional Julio Gambina.
Los países del Mercosur, como Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, son los grandes proveedores de soja, girasol u otros productos agrarios al mercado mundial que compiten de alguna manera con EE. UU., por lo que sus tierras son muy beneficiosas para los capitales internacionales.
Según Gambina, la adquisición masiva podría aumentar las exportaciones en detrimento de la producción doméstica en estos países, lo que pone en peligro su soberanía alimentaria. En cuanto a posibles medidas para evitar este escenario, los estados podrían elaborar normas semejantes a la ley de tierras argentina, que restringe la venta de tierras rurales a los extranjeros.
La amenaza para los países latinoamericanos también la señalan los autores del informe de la ONU. El oficial de Políticas de la FAO, Fernando Soto-Baquero, advirtió de que los Gobiernos de la región deben encontrar formas de asegurar que los procesos de concentración y extranjerización de tierras no tengan efectos negativos sobre la seguridad alimentaria, el empleo agrícola y el desarrollo de la agricultura familiar.
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