La campaña internacional contra el tratado trasatlántico entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos sumó este viernes en España 250 organizaciones que se oponen al acuerdo por considerar que amenazará los derechos sociales, laborales y ambientales.
Las organizaciones demandan el fin de las negociaciones que se realizan de forma secreta desde junio de 2013 entre Estados Unidos y la Comisión Europea, mandatada por los estados de la UE.
Filtraciones de las conversaciones movilizaron a representes de organizaciones que alertan sobre los peligros del acuerdo para el medio ambiente, la salud, la enseñanza, la alimentación, los derechos sociales, laborales y de los consumidores, entre otros.
Asimismo, según se conoce, abarca cláusulas que permitirán a las multinacionales demandar a los estados ante paneles arbitrales privados y establecer un Consejo de Cooperación Reguladora que equiparará a las empresas con los gobiernos.
La campaña española #NoalTTIP (siglas del acuerdo en inglés: Transatlantic Trade And Investment Partnership) anunció ya que organizará manifestaciones en varias ciudades el próximo 28 de abril, cuando se realizará una movilización mundial.
Coincidentemente con la convocatoria, el eurodiputado Helmut Scholz, de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, denunció las limitaciones de los parlamentarios para conocer el contenido de las negociaciones.
En entrevista con el diario español Público, Scholz afirmó que -pese a ser las principales beneficiadas- no fueron las grandes multinacionales las que impusieron el secreto de las conversaciones sino los gobiernos de los estados miembros de la UE.
Quienes insistieron en el secreto fueron el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy; la canciller alemana, Ángela Merkel y el presidente francés, Francois Hollande, aseguró el eurodiputado, representante de la Izquierda Unitaria Europea.
Aunque aseguró que el Parlamento Europeo intenta participar y facilitar el entendimiento entre la Comisión y los ciudadanos, expresó que sólo puede aprobar o rechazar el texto final, pero no intervenir en las negociaciones.
Precisó que los parlamentarios tienen acceso a una sala de lectura protegida para consultar por tiempo limitado algunos documentos sobre las posiciones de partida de la UE, pero no los de Washington.
Los diputados no puede decir nada sobre lo leído, bajo riesgo de sanciones administrativas o responsabilidades penales, apuntó.
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