Causa Amia: ¡Por fin la punta del ovillo!

La noticia de la Red Voltaire conmovió al mundo: “El atentado de 1994 contra la sede de la mutual judía Amia en Buenos Aires fue probablemente fomentado por un ex ministro argentino del Interior”. No se trataba, desde luego, de un invento. Se basaba en el hecho cierto (del que el periodismo argentino no se hizo cargo) de que la Corte de Apelaciones de Buenos Aires había abierto una investigación sobre el papel del ex ministro argentino del Interior Carlos Vladimiro Corach en el atentado perpetrado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Y es que quizá haya que encontrar en ese dato crucial el fundamento de la firme decisión presidencial, transmitida a la procuradora del Tesoro para que impidiera al fiscal Nisman presentarse en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, a la que había sido especialmente invitado. En realidad hace ya meses, mucho antes de que se firmara el acuerdo con Irán, que algunos asesores de la presidenta le habrían arrimado la sospecha de que Nisman recibía un tráfico informativo ultrasecreto nada menos que de organismos de inteligencia de los Estados Unidos (concretamente la Agencia Nacional de Seguridad y la CIA), a través de los cuales se le instaba a profundizar la “pista iraní”, en desmedro de la “pista argentina” del atentado.

El expediente judicial que sirvió de base para la primicia de la Red Voltaire avisa que, por iniciativa de Oscar Abdura Bini, médico de Zulema Yoma, ex esposa de Carlos Saúl Menem, se han sucedido a lo largo de 20 años una serie de acciones jurídicas para obtener la revisión del caso AMIA. En 2006 llegó a hablarse de un posible encuentro entre el magistrado a cargo de la instrucción y las personas imputadas para que estas últimas prestaran declaración en territorio suizo, pero la organización de la resistencia libanesa e Irán prefirieron no aceptar la oferta. “Nuevos indicios -dice el expediente que maneja la Cámara- parecen demostrar ahora que Carlos Vladimiro Corach, ministro argentino del Interior de 1995 a 1999, entregó 400.000 dólares al abogado Carlos Telleldín para la realización del atentado”. La agencia añade un dato de su cosecha: el ex ministro Carlos Vladimiro Corach ostenta la doble ciudadanía israelí-argentina.

El impacto de esta retracción a los orígenes de la investigación, en la que muchos investigadores pedían que se profundizara la presunta “conexión argentina” del salvaje atentado, hizo que naturalmente el periodismo especializado revisara la denuncia que en su momento promoviera el abogado nacionalista y dirigente político Juan Gabriel Labaké ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de San José de Costa Rica. En ese momento Labaké denunciaba al gobierno argentino de acusar injustamente a ciudadanos musulmanes por los ataques a la AMIA y a la embajada de Israel sin prueba alguna, en tanto se responsabilizaba al gobierno nacional “por la grave vulneración de los derechos humanos que sufren desde hace doce años dos ciudadanos argentinos”, a los que Labaké -como abogado- defendía.

La denuncia de Labaké ante la OEA explicaba con abundamiento (una presentación de más de 400 folios) que “en las últimas semanas se han conocido hechos de extrema gravedad, que prueban los intereses inconfesables que se mueven y el turbio encubrimiento que se lleva a cabo en este caso, para lo cual están usando a mis clientes como pretexto”. La “pista argentina” del atentado se basa justamente en ésto: en la presunción de Labaké de que el gobierno argentino de aquel entonces, unido a los intereses de lo que él mismo describe como “el zionconismo argentino”, personificado por el ex banquero Raúl Beraja, habrían instigado en forma personal y directa la consumación del ataque. Dice por ejemplo en sus fundamentos: “Los fiscales Nisman y Martínez Burgos viajaron a Washington a rendir cuentas ante la Asamblea del American Jewish Commitee (Comité Judío Americano, por anglo-norte-americano), ante el cual “describieron” (textual) las investigaciones que se efectúan en esta causa (que por ley debe ser secreta). Estuvo también presente una delegación oficial de la AMIA, querellante, es decir, parte del juicio”.

Recuerda también el abogado que “de acuerdo al diario La Nación, en el Ministerio de Justicia existe un documento reservado, en el cual consta que ambos fiscales han mentido abiertamente al afirmar que los hermanos del supuesto conductor suicida de la Trafic (Ibrahim Husein Berro) murió inmolado en el atentado a la AMIA. Según ese documento oficial, Berro murió dos meses después del atentado a la AMIA, en un ataquen israelí al sur del Líbano, y el embajador del Líbano me ha informado personalmente que el ejército de Israel secuestró su cadáver y se niega a entregarlo a sus familiares libaneses”.

Seguramente los próximos días serán cruciales para que Nisman, vuelto al tapete público tras la denuncia, aclare ante quien corresponda (en este caso la procuradora del Tesoro, de quien depende), todas estas involucraciones, y las que eventualmente surgirán de algunos cabos sueltos en la por demás improlija investigación judicial. Labaké también decía entonces, por ejemplo, que “en su último número, la revista FORWARD, que pertenece a la comunidad judía de Nueva York, informó que funcionarios de EE.UU. están presionando al gobierno argentino y a los fiscales para que emitan una acusación formal contra funcionarios y diplomáticos iraníes por el atentado a la AMIA, y que tales funcionarios y fiscales argentinos han prometido tomar medidas al respecto. El pedido también fue hecho al presidente Kirchner, según FORWARD”.

Si el polémico acuerdo con Irán mereció una trabajosa transición por el parlamento, no dudamos que estos nuevos elementos no pasarán desapercibidos, por la gravedad de lo que insinúan, pese a la agenda electoral que hoy compromete a todo el arco político, oficialista y opositor. Sobre todo uno de ellos, que también menciona Labaké en su denuncia ante la Corte de Derechos Humanos: “Un despacho de la agencia electrónica SEPRIN -dice-, no desmentido por nadie, informó sobre la difusión, por parte de inescrupulosos piratas electrónicos, de mensajes de correo-e de varios políticos, empresarios y periodistas. Entre ellos figuran varios correos-e del señor Daniel Santoro, del diario Clarín, que lo señalan como un agente a sueldo de la SIDE, encargado por ésta de impulsar públicamente la creencia en la pista siria, en la que se pretenden hacer figurar a uno de mis defendidos como cabecera de puente en la Argentina de aquella conexión”.

¿Se volverá, entonces, a la ya periclitada “pista argentina”? ¿Se sustraerá a los ex funcionarios de gobierno iraníes de la acusación y los pedidos de captura internacional que pesan en su contra? Desde el día mismo del atentado a la AMIA, el gobierno de EE.UU. y el de Israel, la CIA, el FBI y el Mossad afirmaron pública y categóricamente que los autores eran Irán y el Hezbollah libanés. Luego agregaron a Siria, y pronto comprometieron a un ciudadano argentino que profesa la religión musulmana. La prueba más asombrosa de la “independencia” de nuestro Poder Judicial en este caso, es que el doctor Carlos. Ruckauf, entonces ministro del Interior del presidente Menem, estaba en Washington el 18-7-94, y ha declarado bajo juramento ante el TOF 3 que fue llamado por el Departamento de Estado ese mismo día para informarle que “Irán y el Hezbollah cometieron el atentado a la AMIA”.