En el ’82, al frente de esa entidad, tomó medidas que prepararon el terreno para el traspaso a las arcas públicas de pasivos millonarios contraídos por 70 empresas en el exterior. Desde Yale, el ex ministro negó toda responsabilidad
Mañana se cumplirán exactamente 30 años desde el día en que Domingo Felipe Cavallo asumió la presidencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el 2 de julio de 1982, durante la dictadura que encabezaba Reynaldo Bignone. Por su desempeño en ese cargo, Cavallo es señalado como responsable, junto con otros funcionarios, de una de las mayores tragedias económicas de la historia nacional: la estatización de la deuda externa privada. Es decir, el traspaso a las arcas del Estado de pasivos contraídos por empresas nacionales y extranjeras, con el objetivo de beneficiar a grandes corporaciones y grupos económicos que, hasta hoy y pese a la intervención de la justicia, no fueron llamados para dar explicaciones en los Tribunales.
Muchos economistas lo definieron, con ironía, como “el mayor acto de socialización” que haya ocurrido en la Argentina. Y fue, también, una muestra clara del fuerte componente cívico-militar que caracterizó a los años de plomo.
De acuerdo con los documentos a los que accedió Tiempo Argentino, gracias a la estatización de la deuda privada fueron beneficiadas más de 70 empresas. Entre las firmas nacionales más importantes se encuentran Sevel, por entonces, del Grupo Macri; Acindar, del ex ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz; Loma Negra, de los Fortabat; y Compañía Naviera, de la familia Pérez Companc. También hay corporaciones extranjeras, como Techint, IBM, Ford y Fiat. Y, por supuesto, el listado incluye al sector financiero: Banco Río, Francés, Citybank y Supervielle, entre otros
A fines del ’83, el perjuicio para el Estado se estimó en 23 mil millones de dólares: más de la mitad de la deuda externa de esos años, que alcanzaba los 45.100 millones de dólares. “Fue una de las mayores estafas al pueblo argentino. El Estado fue usado para negocios privados y para innumerable cantidad de operaciones turbias”, aseguró a este diario uno de los más rigurosos investigadores del tema, el ex diputado nacional Mario Cafiero.
Pero, ¿cómo fue posible que estos privados transfirieran sus pasivos en el exterior a las cuentas públicas? Según el historiador Alejandro Olmos Gaona, que demandó a un centenar de firmas favorecidas con la estatización de sus deudas en dictadura, la respuesta está en los llamados seguros de cambio. “Permitían que una empresa se endeudara con el exterior a un dólar uno a uno. Cuando el dólar subía y la empresa debía pagar su deuda, el Estado se hacía cargo de la diferencia”, explicó Olmos Gaona (ver recuadro).
Los seguros de cambio se implementaron en 1981, cuando Jorge Rafael Videla fue remplazado por Roberto Viola al frente de la Junta Militar, y Martínez de Hoz abandonó el Ministerio de Economía. Viola colocó a Lorenzo Sigaut en el Palacio de Hacienda y el Banco Central quedó a cargo de Egidio Ianella. El 5 de junio de ese año, el BCRA aplicó el primer seguro de cambio, que inició un breve periplo hacia la estatización, lisa y llana, de la deuda externa privada.
Mediante este régimen, el BCRA les garantizó a estos deudores el tipo de cambio vigente en aquel momento, con el objetivo de protegerlos en caso de que hubiera una devaluación que incrementara el valor de estos pasivos. Eso, justamente, fue lo que sucedió.
“El tipo de cambio aumentó diez veces en un año, con lo cual el Central le cobró a los privados en pesos y a la tasa inicial, lo que produjo un descomunal subsidio estatal para los deudores externos privados. Fue una estafa, pero una estafa legal”, sostuvo el historiador y economista Eduardo Basualdo, autor del libro Deuda externa y poder económico en la Argentina. A los pocos días, a esta contribución indirecta se sumó una de tipo directo. El 10 de junio de 1981, con la firma de Ianella, el BCRA dispuso un subsidio a los deudores privados de U$S 0,23 por cada dólar de deuda.
Un año después, luego de la Guerra de Malvinas, Bignone asumió la conducción de la cúpula militar. José María Dagnino Pastore remplazó a Sigaut en Economía, y Cavallo desembarcó en el Central, tras la salida de Ianella. Como vicepresidente de esa entidad fue designado Rodolfo Clutterbuck, dueño de la empresa Alpargatas SA, una de las beneficiadas por la estatización de los pasivos.
Cavallo estuvo sólo 59 días en el cargo, pero le bastó para modificar el régimen de seguros de cambio, con el fin de “mejorar el perfil de la deuda financiera externa privada a la vez que procurar atenuar los perjuicios que provocaron a prestatarios locales”, sostuvo el ex ministro. Sin embargo, Basualdo remarcó que este nuevo mecanismo “no anuló el anterior, sino que fue otra alternativa para los deudores externos privados.”
El economista Gonzalo Guilardes explicó didácticamente la medida dispuesta por Cavallo: “Le aseguraba a las empresas privadas endeudadas en dólares comprar un dólar más barato. Si esa moneda valía 100 y él se lo vendía a los endeudados a 50, ¿quién pagaba la diferencia? El Central. Fue una licuación del pasivo de los privados a costa del erario público.”
A pesar de las acusaciones en su contra, Cavallo niega toda responsabilidad e incluso se victimiza. En diálogo con Tiempo, el ex ministro de Economía de Carlos Menem y la Alianza sostuvo: “Es una verdadera infamia que se me siga atribuyendo la decisión de estatizar la deuda privada, porque yo no fui quien la decidió” (ver entrevista aparte).
Es cierto que la operación se concretó con su sucesor en el BCRA, Julio González del Solar, que el 17 de noviembre de 1982 dictó la Comunicación A251, titulada, sin eufemismos, “transformación de la deuda externa privada en deuda pública”. Pero el propio Cavallo admitió su responsabilidad en ese proceso en uno de sus libros. En la página 62 de Economía en tiempos de crisis, aseguró: “Cuando me acusan de haber echado sobre las espaldas de los ahorristas la deuda de las empresas, omiten decir que al menos yo lo hice uniformemente.” En la página 126, Cavallo habla de “la licuación de pasivos que dispuse, siendo presidente del Banco Central, entre julio y agosto de 1982”. Allí expone los seguros de cambios propuestos por su antecesor, Sigaut, y comenta: “Fueron mucho más generosos que los que reglamenté mediante la circular A137.” Y en la página 128 del mismo libro, sostiene: “El que soluciona el problema en general se arriesga a que lo acusen, como me ocurrió a mí, de ser responsable de todas las cosas malas.”
Pero el “problema en general” estuvo lejos de solucionarse. El mayor crecimiento de la deuda externa en dictadura se dio cuando se aplicó el régimen de seguros de cambio de Ianella y Cavallo. Sólo en ese período, la Argentina engrosó la cifra en 10 mil millones de dólares.
Pese al intento de Cavallo por desligarse, el juez Jorge Ballestero, que investigó en la causa Nº 14.467 el crecimiento de la deuda bajo el gobierno militar, determinó en un fallo del año 2000 que el pasivo del sector privado se hizo público a través de los mencionados seguros de cambio. “Empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior –sostiene el dictamen–, socializando costos, comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación del régimen de seguros de cambio.”
Además, el juez determinó que en muchos casos las empresas ni siquiera pagaron los créditos obtenidos, que debían ser abonados al Estado. Sin embargo, los funcionarios estatales jamás reclamaron ese dinero. Así, según las pericias, “con fondos del Tesoro Nacional se cancelaron obligaciones de varias empresas privadas en distintas monedas”, pero ni el BCRA ni el Banco Nacional de Desarrollo “iniciaron actuaciones judiciales para el recupero de las sumas”.
Por si fuera poco, en el listado de compañías favorecidas aparecen algunas asociadas a la Fundación Mediterránea, un think tank liberal nacido al calor del menemismo, que tuvo a Cavallo entre sus fundadores. Algunas de esas firmas son Alto Paraná SA, Sevel, Astra, Pérez Companc, Banco Galicia, Banco Francés, Grupo SADE, IBM, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, Banco Supervielle y Fiat. A fines del ’83, estas once corporaciones sumaban un total de 1779 millones de dólares de deuda.
“Este gran negociado lo manejó Cavallo, que en un tiempo muy breve produjo una transferencia de riqueza monumental hacia los empresarios”, aseguró Cafiero, quien a través de sus trabajos pudo establecer que “muchos de los préstamos que se efectuaron, en realidad, eran autopréstamos hechos por las empresas deudoras”. En ese sentido, Olmos Gaona agregó: “Con los seguros de cambio, las firmas privadas comenzaron a endeudarse ficticiamente para hacer un gran negocio.”
Así, el empresariado no sólo fue favorecido con lo dispuesto por el BCRA, sino también con los escasos controles sobre la actividad financiera. El juez Ballestero detectó infracciones a la ley penal cambiaria, confusión entre deudor y acreedor, sumas no ingresadas al país, anomalías en la concertación de seguros de cambio, aportes de capital encubiertos como préstamos financieros, subfacturaciones y autopréstamos.
Entre las entidades acusadas de realizar esta última maniobra estaban Cargill, Selva Oil, Sideco Americana, Socma, Suchard Argentina, Celulosa Jujuy, Ford Motors Argentina, Sudamtex, Textil Sudamericana y Renault.
Otras irregularidades fueron atribuidas a Cementos NOA SA que, de acuerdo con la causa, de los 50 millones de dólares que acusaba en concepto de deuda con bancos en el exterior, “sólo ingresaron al país 6.169.086, es decir el 12,20%, entregado por el Banco Exterior de España para la compra de maquinarias. El resto adeudado, más de 44 millones de dólares, jamás ingresó y debió ser asumido por el Estado.”
Pese a los intentos por condenar a los responsables de esta gran estafa, la causa judicial se cerró en 2000, sin condenas. Apenas hubo, por un tiempo, un procesado: Martínez de Hoz. Después de su contundente fallo, Ballesteros se limitó a enviar una recomendación al Congreso de la Nación para que determine a los posibles culpables, algo que nunca sucedió.
A fines de 2011, en el marco de un nuevo expediente abierto en 2005, el fiscal Federico Delgado presentó un escrito para volver a investigar la estatización de la deuda privada “en la que habría intervenido el entonces titular del Banco Central y luego ministro de Economía menemista y de la Alianza, Domingo Cavallo”.
Delgado señaló, además, que los privados “se beneficiaron progresivamente con los regímenes de seguros de cambio instaurados, a partir de 1981, por el BCRA”. El fiscal planteó la evaluación del inicio de acciones de reparación no sólo contra funcionarios públicos sino también contra empresas.
Hasta ahora, este pedido no tuvo ninguna respuesta, y de esa forma, a los millones estatizados por la dictadura, se sigue sumando otra deuda: la de la justicia.
Olmos Gaona: “Fue todo una gran estafa”
Alejandro Olmos Gaona es historiador e hijo del homónimo periodista fallecido que impulsó la causa penal por el origen ilegítimo de la deuda externa argentina, en 1982. Olmos Gaona demandó a un centenar de empresas que se beneficiaron con la estatización.
–¿Cómo logró la Junta Militar estatizar la deuda privada?
–Principalmente, a través de los seguros de cambio, establecidos durante la Presidencia de Domingo Cavallo al frente del Banco Central. Permitían que una empresa privada se endeudara con el exterior a un dólar uno a uno. Cuando esa moneda subía y la empresa debía pagar su deuda, el Estado se hacía cargo de la diferencia. Con este mecanismo, los privados comenzaron a endeudarse ficticiamente para hacer un gran negocio.
–¿Cómo perjudicó al pueblo argentino esa maniobra?
–Cuando se van los militares, la deuda externa era de más de 45 mil millones de dólares. De ese monto global, la deuda privada era exactamente la mitad: 23 mil millones.
–¿Quiénes fueron los principales beneficiados?
–Socma y Sevel del Grupo Macri, Techint, Papel de Tucumán, Celulosa Argentina, entre otros. No es que el Estado se hizo cargo de las deudas porque estas empresas se iban a la quiebra. Estos sinvergüenzas fraguaron créditos, fue un festival de autopréstamos e ilícitos diversos. Una gran estafa.
–¿Cómo se detectó?
–Por ejemplo, cuando los investigadores hicieron una auditoría de Renault Argentina, vieron que su deuda era de 10 o 12 millones de dólares y que no debía ser pagada por el Estado, ya que una parte era deuda que tenía la casa Renault Argentina con su casa matriz en Francia. Es decir, había confusión entre deudor y acreedor: eran la misma cosa. Había otro préstamo que también era inverosímil, porque no era admisible que Renault le hubiese pedido al Barclays Bank 6 millones de dólares, cuando en ese mismo banco tenía depositados, a plazo fijo, más de 80 millones de dólares. En fin, los auditores vieron que todo era trucho.
–Esa deuda privada que fue estatizada, ¿se siguió pagando?
–Claro. Fue incorporada al patrimonio del Estado y siguió reciclándose permanentemente.
–¿No se puede accionar contra los responsables?
–Es lo que me pregunto. ¿Por qué el gobierno no llama a esta manga de delincuentes, como Franco Macri, y les dice que el Estado ha venido pagando una deuda suya desde 1983? Deben devolver la plata que pagamos todos.
–Cavallo asegura no tener responsabilidad. ¿Qué opina?
–Que Cavallo tiene mala memoria, porque la Fundación Mediterránea, que él integró, está compuesta por gran parte de los que se beneficiaron con la estatización de la deuda. Él dijo algo que es cierto: que no fue quien directamente estatizó la deuda porque no estaba al frente del Banco Central. Pero también es cierto que durante la época de Cavallo se implementaron los seguros de cambio. Toda esa operatoria salió de la matriz Cavallo. Y esa misma matriz se sostuvo en el menemismo.
Cavallo y la Junta Militar
Domingo Cavallo ingresó al Ministerio del Interior en abril de 1981, como secretario técnico y de coordinación. Fue dos años después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos certificara que en la Argentina se aplicaba el terrorismo de Estado.
En julio de 1982, Cavallo llegó al Banco Central. Por entonces, en una conferencia en la Fundación Mediterránea, el joven economista cordobés aseguraba a los empresarios: “Nos encontramos con un gobierno que está cumpliendo la importante misión de llevar al país en la dirección de su institucionalización en lo político y que está tratando de resolver los problemas económicos.” Cavallo hablaba del gobierno de Reynaldo Bignone, el mismo que dictó la Ley 22.924 de autoamnistía para dirigentes de la dictadura, y que promulgó el Decreto 2726/83, que ordenó la destrucción de documentación sobre desaparecidos.
El ex ministro dice que no tuvo nada que ver con la estatización
Distintos economistas e investigadores consultados por este diario coincidieron en señalar a Domingo Cavallo, presidente del Banco Central en dictadura, como uno de los responsables de la estatización de la deuda externa privada, pese a que él lo niega.
El ex ministro de Carlos Menem y Fernando de la Rúa accedió a contestar tan sólo uno de los varios correos electrónicos remitidos por Tiempo a su oficina en la Universidad de Yale, con las preguntas y respuestas que se reproducen a continuación. Cuando este diario le envió una segunda tanda de consultas, acerca del modelo económico de los militares y su rol en dicho proceso, Cavallo no volvió a contestar. Como en otras oportunidades, intentó desligarse de toda responsabilidad y acusó al periodismo. “Siguen abonando la mentira que en 1984 instaló el diario El Periodista. Entre paréntesis, ese diario jugaba en aquella época el mismo rol que hoy juega Tiempo Argentino”, sostuvo el ex ministro, que también asegura haber sido el primero en denunciar la estatización.
A continuación, las preguntas que contestó Cavallo antes de llamarse a silencio.
–Muchos investigadores coinciden en señalarlo como uno de los responsables de la estatización de la deuda externa privada.
–No, no es así. Los seguros de cambio que yo creé en julio de 1982 no perseguían licuar las deudas en dólares. La licuación de pasivos que yo había decidido era para las deudas que se habían indexado por la circular 1050 y el mecanismo fue el control de la tasa de interés. Pero esta licuación no beneficiaba a los endeudados en dólares.
–Como presidente del Central, ¿no podía evitar las renovaciones de los seguros de cambio que venían de mandatos anteriores y que permitieron el fenomenal traspaso de deuda privada al Estado?
–Los seguros de cambios se liquidan a su vencimiento o se renuevan en base a las nuevas condiciones. No se pueden cambiar retroactivamente para hacerlos más onerosos al que los compró.
–¿Las comunicaciones A136 y A137 del BCRA, emitidas durante su mandato, no significaron un beneficio para las empresas endeudadas?
–Esas circulares, en el único sentido en que beneficiaban a las empresas, es que si ellas conseguían postergar vencimientos en las condiciones impuestas por la oferta de dólares futuros evitaban tener que soportar la brecha entre el mercado financiero y el mercado comercial que estaba transitoriamente aumentada por efecto de la regulación de tasas de interés que yo había dispuesto.
–¿Por qué estuvo tan poco tiempo al frente del BCRA?
–Me pidieron la renuncia porque los endeudados en dólares querían que también se licuaran sus pasivos y yo me oponía, porque ello iba a significar una estatización de la deuda privada. Lamentablemente, cuando lograron remplazarme en el Banco Central consiguieron lo que querían y en setiembre de 1982 dispusieron la estatización lisa y llana de la deuda privada
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