Olga Lucía Castillo aseguró en LA F.m. que ha sido tal la persecución que terminó de desplazada.
Mediante oficios dirigidos al Ministerio de Relaciones Exteriores y de Defensa, la Defensoría del Pueblo solicitó, el 5 de mayo anterior, que a través de los canales diplomáticos y de cooperación binacional se requiera a las autoridades norteamericanas para que rindan un informe sobre el estado y avance de las investigaciones relacionadas con presuntos abusos de militares y contratistas norteamericanos en Colombia.
A propósito del informe elaborado por la Comisión Histórica para el Conflicto y sus Víctimas, según la cual entre los años 2003 y 2007 se presentaron al menos 54 casos de abuso sexual contra niñas y adolescentes por personal estadounidense, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, afirmó que estos procesos deben trascender la órbita disciplinaria, ya que de comprobarse ameritan un castigo penal y sanciones administrativas ejemplarizantes.
El funcionario del Ministerio Público rechazó la conducta de los extranjeros que, de acuerdo con el informe, además de aprovecharse de su condición y de la vulnerabilidad de las víctimas, grabaron videos sobre sus relaciones abusivas. También recordó que al ser la pornografía infantil un delito de carácter trasnacional, existen mecanismos suficientes para garantizar justicia y evitar la impunidad, independientemente de la inmunidad diplomática que asista a los presuntos responsables.
Otálora Gómez dijo que espera que los colombianos puedan conocer cuántos de los 54 casos mencionados en el informe de la Comisión Histórica para el Conflicto y sus Víctimas han sido investigados y en qué etapa se encuentran esos procesos.
El Defensor del Pueblo valoró el compromiso expresado por la Embajada de Estados Unidos respecto a su determinación de no tolerar ni permitir este tipo de conductas, a la vez que pidió a la Fiscalía General de la Nación informar sobre los casos de miembros de la Fuerza Pública colombiana, presuntamente comprometidos en situaciones similares.
En el marco de este resurgimiento del caso, LA F.m. habló con Olga Lucía Castillo, madre de una de las menores, quien aseguró que desde que se registraron los hechos su vida ha sido una pesadilla. Según dijo, la justicia, durante todos estos años, no ha hecho nada. Aparte, dijo, en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá la expulsaron cuando intentó denunciar. Y para rematar, indicó, "el Estado se olvidó de nosotras".
El caso es más grave. Según Castillo, desde que hicieron las denuncias las han perseguido con tal de callarlas. Ella dice que la han intentado asesinar en dos oportunidades. Tal ha sido la persecución desde que sucedieron estos hechos en Melgar (Tolima), aseguró esta mujer, que tuvo que marcharse de su casa. De acuerdo con su relato, ha vivido en varias ciudades huyendo de la persecución de quienes quieren callarla. Ahora, dijo, está tranquila donde está.
No obstante, explicó que su hija, la que indica que fue sometida por los militares estadounidenses, vive con miedo, no sale a la casa, sueña con que la van a matar. Hoy tiene 19 años de edad y se ha intentado quitar la vida en tres ocasiones.
De acuerdo con Castillo, espera que el caso de su hija, que aparentemente fue drogada, secuestrada y violada posteriormente en la base de la Fuerza Aérea Colombiana, según la denuncia, no quede impune. Ahora dijo estar buscando a las demás víctimas, a propósito del resurgimiento de la investigación por instrucción de la Defensoría del Pueblo.
Entradas
