La mayoría absoluta del Partido Popular (PP) aprobó este jueves en solitario la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, llamada por sus opositores ley mordaza por su carácter represor y porque pretende criminalizar la protesta ciudadana con prohibiciones como manifestarse frente al Congreso de los Diputados o ante la sede oficial del Ejecutivo español.
A pesar de las críticas y oposición del resto de los grupos parlamentarios, la Unión Europea (UE), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y hasta de la Iglesia católica, el gobierno del conservador Mariano Rajoy siguió adelante con el trámite y rubricó una ley que también da cobertura legal a las llamadas “devoluciones en caliente” de los inmigrantes que intentan llegar a territorio europeo procedentes de África.
En la sesión hubo protestas ciudadanas al interior del hemiciclo. Cuando el PP defendía el controvertido proyecto, un grupo de activistas del 15-M entonó “La canción del pueblo”, del musical Los Miserables, para expresar su rechazo a una ley que cercena derechos elementales. Tras la interrupción, el presidente del Congreso, Jesús Posada, ordenó el desalojo de los manifestantes, que fueron expulsados a empujones por el personal de seguridad.
También hubo numerosos gestos de desaprobación del resto de los grupos parlamentarios, que quisieron poner en evidencia “una de las leyes más regresivas de la historia” de la democracia española; los integrantes el grupo de Izquierda Plural se amordazaron boca y manos y se pusieron en pie mientras hablaba el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
La nueva ley de seguridad ciudadana supone numerosos cambios en la forma en que se admiten las protestas ciudadanas en el Código Penal. A partir de ahora habrá numerosas acciones comunes -como concentrarse frente al Parlamento o instituciones del Estado o fotografiar abusos policiales- que serán consideradas una falta grave, de carácter administrativo, y que tendrán como consecuencia inmediata una multa que podría llegar hasta los 30 mil euros (570 mil pesos).
La polémica normativa fue aprobada sólo con los votos de los diputados del PP, mientras que el resto, desde los partidos nacionalistas conservadores hasta la izquierda clásica o los socialdemócratas rechazaron tajantemente la legislación.
Se comprometieron a que cuando cambie el gobierno y haya una nueva mayoría en el Parlamento, una de las primeras medidas será la derogación de la ley, tal y como ocurrió con la ley de educación, que también la aprobó en solitario el PP a pesar del rechazo de todos los grupos parlamentarios de oposición y de los sectores involucrados en la educación.
Ahora, para su entrada en vigor la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana tendrá que ser aprobada en el Senado y una vez superado este trámite -donde el PP también tiene mayoría absoluta-, el gobierno tendrá que publicar la legislación en el Boletín Oficial del Estado.
Entre las medidas más polémicas, y que serán o prohibidas y conllevan sanciones administrativas o penales, destacan las convocatorias de manifestaciones o actos de protesta frente a las instituciones o sedes del Estado, ya sea el Parlamento, el Senado, el Palacio Real, la sede del Ejecutivo y hasta las plazas de los Ayuntamientos.
Será ilegal intentar impedir un desahucio o lanzamiento, como viene siendo habitual en los últimos años ante las numerosas familias expulsadas de sus casas por el impago del crédito hipotecario. Será ilegal no identificarse o desobedecer a un agente de policía, así como difundir imágenes de policías antidisturbios reprimiendo una protesta.
Además de la ilegalización de los actos de protesta más habituales de los últimos años, uno de los puntos más controvertidos de la ley mordaza es el que se refiere al trato que recibirán los migrantes en las vallas fronterizas españolas. La policía española tendrá cobertura legal para devolver “en caliente” a los migrantes a territorio africano, sin siquiera ser identificado ni recibir asistencia legal o médica, como ocurre hasta ahora a pesar de que estar prohibido por los tratados internacionales de derechos humanos y la propia legislación española.
La disposición añadida contempla que “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.
El diputado socialista Antonio Trevín advirtió que “esta ley retoma algunos aspectos de la ley que impuso el franquismo. Otorga la potestad sancionadora a Interior y se la arrebata a los jueces y, por tanto, otorga a la autoridad una capacidad de intimidación muy importante frente a los ciudadanos ya que antes incluso de acudir a instancias judiciales, la administración puede sancionar económicamente e, incluso, embargar los bienes de los ciudadanos para satisfacer la multa”.
Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural, coincidió en que la ley supone “resucitar el Tribunal de Orden Público franquista, de 1959, el llamado TOP, y con él, el regreso de los grises”. Feliu-Joan Guillaumes, diputado catalán de Convergencia i Unió, acusó al gobierno de comportarse de forma “totalitaria”, con lo cual cualquier argumento que quiera esgrimir “pierde la razón”.
Toni Cantó, de Unión Progreso y Democracia, advirtió a los diputados del PP que “son ustedes los que están bajo sospecha, no los ciudadanos, que están demostrando una paciencia y madurez extraordinarias. No se puede ilegalidad lo que a todas luces es legal, como son los derechos de reunión pacífica y de asilo, con sanciones desproporcionadas además de ineficaces”.
La nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana fue censurada en el exterior. El comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, sostuvo que la legislación va contra de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
La ley entrará en vigor en enero de 2015, justo doce meses antes de las elecciones generales en las que el presidente del gobierno Mariano Rajoy se presentará a su primera reelección con la peor valoración de un gobernante en la historia de la democracia española y con la caída en picada de su partido, que la mayoría de las encuestas lo sitúan como tercera fuerza política, por detrás del Partido Socialista Obrero Español y de la nueva formación política Podemos.
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