MI CAUSA ES LA CAUSA JUSTA

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miércoles, 21 de enero de 2015

Argentina:"Magnetto va a terminar preso"


Así lo expresó luego de declarar por espacio de casi seis horas como testigo de la causa, ante el juez federal Julián Ercolini, donde Papaleo reiteró haber recibido amenazas, entre otros, de parte del CEO del Grupo Clarín, aunque destacó que ahora, "lo importante es que todos tengan papel" y que "el gobierno pueda intervenir en este monopolio".

En la audiencia, ante el fiscal Eduardo Taiano y el secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Luis Alen; la mujer reiteró declaraciones anteriores -alguna de 1985 ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas- sobre las amenazas y presiones para la transferencia de las acciones de Papel Prensa "a precio vil".

Papaleo reiteró que entonces, cuando el gobierno era ejercido por la Junta Militar, recibieron presiones de las tres fuerzas y, por interpósita persona, del ministro de economía José Martínez de Hoz, para vender la empresa evitando hacerlo a "extranjeros o grupos judíos".

La testigo relató en el juzgado, y luego ante los periodistas, que el día de su secuestro el abogado Bernardo Sofovich le había advertido que se fuera del país.

"Usted de acá vayase ya", le habría dicho el letrado del grupo Clarín horas antes de su secuestro, lo que la mujer interpretó ahora como "un aviso".

También contó que en una ocasión su marido le dijo que un amigo de México, el empresario de medios Gabriel Alarcón, le había dicho que vendiera Papel Prensa "porque eso la podía llevar a la muerte".

La audiencia debió suspenderse durante algunos minutos porque Papaleo se "descontroló" -como ella expuso-, mientras recordaba "vivencias" de aquella época.

"Tuve que tomar decisiones en profunda soledad, sola frente a las patotas", enfatizó Papaleo.

En la audiencia celebrada en los tribunales federales de Comodoro Py 2.002, también estuvieron presentes el abogado de Papaleo, Héctor Rodríguez, y los del grupo Clarín, Hugo Wortman Jofre, Pablo Jacoby y Alejandro Pérez Chada.

En tanto, en el pasillo del juzgado aguardaban que concluya la declaración el hermano de la testigo, Osvaldo Papaleo, y los custodios de la mujer.

Papaleo es la primera testigo convocada a declarar desde que la causa sobre las circunstancias que rodearon el traspaso accionario de la empresa de los Graiver a La Nación, Clarín y La Razón quedó definitivamente a cargo de Ercolini, tras un conflicto de competencia con la justicia de La Plata.

La viuda del banquero es también querellante en la causa, al igual que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que tiene pedidas desde diciembre pasado las declaraciones indagatorias de Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre, Sergio Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Peralta Ramos.

En la causa se investiga si hubo delitos de lesa humanidad en la transferencia de las acciones de la empresa que pertenecía a la familia Graiver, cuyos integrantes fueron secuestrados y torturados.

lunes, 20 de octubre de 2014

CINCO AÑOS DE PRISIÓN POR ROBAR UN PESO, CAVALLO CERO AÑOS DE PRISIÓN POR PERMITIR QUE NOS ROBEN CINCUENTA Y CINCO MIL MILLONES DE DOLARES- NESECITAMOS UNA REFORMA A NUESTRO SISTEMA JUDICIAL URGENTE.



Cordoba.- Cinco años de prisión fue la condena que la Cámara Sexta del Crimen de esta ciudad le impuso al joven Jorge Wayar, acusado de robar dos camperas, dos pares de zapatillas y un peso, pero a quien la policía al detenerlo sólo le secuestró la moneda. Por supuesto nunca pudo probarse si ese peso era suyo o no.
La sentencia, que impuso la pena mínima prevista para robo calificado, terminó de leerse en medio de insultos de los familiares de Wayar a los integrantes del tribunal en particular, y de quejas contra la Justicia en general.
El muchacho de 20 años -que trabajaba en la carpintería de un tío y que no tenía antecedentes penales- ya lleva un año detenido y posiblemente pueda abandonar la cárcel dentro de 2 años y 3 meses.

INCOHERENCIAS

En un juicio pleno de relatos incoherentes y testimonios dispares, la declaración de una de las víctimas fue fundamental para la condena.
Orlando Martínez -que no había reconocido a Wayar en la etapa de instrucción- lo identificó durante el juicio como quien le apuntó con un arma en la cabeza para robarle.
Wayar, en el momento del asalto, ocurrido en mayo de 1996, estaba acompañado por un primo, Sergio Merlo, a quien el ahora condenado había señalado como uno de los autores del hecho.
Al declarar ante el tribunal, Merlo estuvo a punto de ser detenido por falso testimonio. Su relato de los hechos fue muy confuso y fue interrumpido por los jueces por considerar que podía autoincriminarse. Los magistrados giraron los antecedentes de Merlo a otro juzgado para que lo investiguen.
Tampoco la declaración de uno de los agentes de policía que participó del procedimiento en el que fue detenido Wayar correspondió con la que había realizado en la etapa de instrucción.
Al salir de la audiencia los familiares de Wayar -que no faltaron a ningún debate- no podían ocultar su indignación por lo que consideraron un fallo "injusto".
Los padres del muchacho no se cansaban de repetir que "nunca había hecho nada" y que era "imposible" que hubiera apuntado a alguien con un arma.
Nélida, la madre, subrayó que el policía que declaró en el juicio había sido reacio a tomar una denuncia de su hijo cuando fue herido con arma blanca por otro vecino de Villa El Libertador, en donde viven.
Desde entonces, el chico camina con dificultad porque no logró recuperar la movilidad normal de una de sus piernas.

POCO BOTÍN, PERO MARCHE PRESO

Aunque la pena de cinco años pueda parecer exagerada para el hecho que tuvo como protagonista al joven Jorge Wayar, es la mínima prevista por el Código Penal para el delito caratulado como robo calificado.
En el asalto -aunque finalmente la Policía sólo secuestró una moneda de un peso a modo de botín- se usó un arma de fuego y se quitó a las víctimas dos camperas y dos pares de zapatillas.
El penalista Mariano Rodríguez entiende que se trata de una pena "inhumana, sobre todo por tratarse de un chico joven, pero así es la ley y no puede hacerse nada". A su criterio la solución sería que "las leyes no establezcan penas mínimas tan altas. Tal vez deberían dejar al libre arbitrio del juez la fijación de los años".
El abogado Carlos Hairabedián coincidió con la interpretación y dijo que no es el primer caso: "Por el robo de un par de zapatillas y sin uso de arma, unos chicos también fueron condenados a 5 años de cárcel." .