Cuatro fiscales para la unidad especial AMIA

El coordinador del grupo elegido es Juan Murray, a quien acompañará un triunvirato integrado por Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadini. La procuradora afirmó que se plantea el “deber de garantizar la continuidad” del trabajo de Nisman.

Tras la muerte de Alberto Nisman, la unidad AMIA dejará de ser unipersonal, deberá interactuar con los familiares de las víctimas del atentado y tendrá que rendir cuentas de su trabajo ante la sociedad. Así lo dispuso la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien presentó ayer al equipo elegido, que estará coordinado por Juan Murray, un secretario letrado que como fiscal subrogante tuvo un importante papel en causas de derechos humanos y en la investigación que permitió desarmar una poderosa banda de narcotraficantes en Santa Fe junto con la cúpula policial involucrada. El triunvirato que trabajará con él está compuesto por la fiscal de juicio oral porteña Sabrina Namer, el fiscal de Reconquista (Santa Fe) Roberto Salum y el fiscal de Resistencia (Chaco) Patricio Sabadini. Todos ellos tienen experiencia en casos complejos, ya sea de crimen organizado, derechos humanos o corrupción y tendrán dedicación exclusiva. En un acto en el que estuvieron ausentes la DAIA y la AMIA, Gils Carbó dijo, contra algunas versiones, que “nunca se pensó en remover de su cargo” a Nisman y que ahora se plantea el “deber de garantizar la continuidad” de su trabajo en la unidad especializada para llegar “a la verdad”.

En una resolución de ayer, Gils Carbó le puso a la nueva Unidad Fiscal AMIA un plazo de treinta días para definir un plan de trabajo y determinar las responsabilidades que tendrá cada uno de sus integrantes. La primera reunión será la semana que viene y lo más probable es que Namer tenga intervención en el juicio oral por la trama de encubrimiento del atentado (donde están acusados Carlos Menem y el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy el ex juez Juan José Galeano, los fiscales, el ex comisario Jorge “Fino” Palacios y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja). Debería comenzar a mitad de año. Su origen fue la denuncia del tribunal oral que declaró nula la investigación original por considerarla un “armado al servicio de políticos inescrupulosos”.

Los fiscales Salum y Sabadini podrían quedar a cargo de la causa sobre el atentado propiamente dicha, que el juez Rodolfo Canicoba Corral tiene delegada en la unidad. Luego tendrán que ver cómo se distribuyen otros expedientes, como el que se inició con la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento cuatro días antes de su muerte –que ya tiene un pedido del fiscal Gerardo Pollicita para que la unidad colabore con él–; la causa donde se discute la validez constitucional del memorándum de entendimiento con Irán (que está en Casación) y otro juicio en puerta, que es el que se le hará al desarmador de autos Carlos Telleldín por el ataque terrorista.

Muerte e impunidad

Gils Carbó dijo que el acto de presentación de la unidad “está teñido del duelo que a todos nos agobia ante la muerte de nuestro colega, el fiscal Alberto Nisman”. “Ya sea que esta pérdida haya sido el resultado de su propia decisión o de una acción criminal, sobre lo cual hasta hoy no existe ninguna certeza (...) Lo cierto es que la cercanía de su muerte con su tarea como fiscal es lo nos causa mayor conmoción, al Ministerio Público Fiscal y a la sociedad. Y lo convierte en un hecho de un gran impacto político y social.” “Es una muerte que produce un daño irreparable y colectivo –añadió–, es aún más profundo por tratarse del fiscal que investigaba el atentado terrorista más grave que hubo en este país, y esto ocurre luego de veinte años de impunidad.”

En el Salón Nelly Ortiz (nombre de una fiscal desaparecida) de la Procuración había mayoría de funcionarios del organismo, periodistas y un puñado de representantes de Memoria Activa y de 18J. Aunque fueron convocados, no había miembros de DAIA ni AMIA (ver aparte).

Al hablar, Gils Carbó fue elogiosa con la fiscal Viviana Fein, quien investiga la muerte de Nisman. La describió como alguien que actúa con “objetividad” y “compromiso”. También relató que tuvo un “contacto permanente”, “fluido” y “cordial” con Nisman desde que ella asumió como procuradora. Señaló que le ofrecieron reforzar su custodia ante amenazas en octubre y diciembre, supuestamente de grupos terroristas, algo que el fiscal rechazó. Desmintió que haya existido la idea de removerlo del cargo, algo que declaró –por ejemplo– la diputada de PRO Laura Alonso en la causa sobre la muerte, que según ella le había dicho el fiscal. Gils Carbó dijo que la Procuración va a “asegurar la continuidad” del trabajo de Nisman “y fortalecer el funcionamiento de esa unidad”.

En un tramo hizo una alusión al papel que han jugado los servicios de Inteligencia en su entrelazamiento con el sistema judicial. “Tenemos un mandato de repensar todo el funcionamiento de la administración de justicia, a partir de esta experiencia de dolor. Su recuerdo nos debe interpelar individual y colectivamente hacia a una reflexión profunda sobre esos factores de poder que no están a la luz pero que se tornan evidentes ante un hecho de esta naturaleza y nos obligan y comprometen más que nunca a que se devele el trasfondo de esta ‘muerte injusta’. Las injusticias no son obras del azar sino el resultado de actos y decisiones humanas”, dijo.

Unidad

La unidad AMIA fue creada en 2004, poco antes de que el Estado argentino fuera responsabilizado por privación de justicia, por la falta de prevención e investigación del atentado. Un decreto de Néstor Kirchner asumió esa responsabilidad. Era obligación activar todos los mecanismos posibles para llegar a la verdad, entre ellos reforzar la investigación y revisar el sistema de Inteligencia (el juicio oral de la AMIA había probado el pago con fondos de la ex SIDE a Telleldín para que inventara una historia).

Días atrás, los familiares de las víctimas, la AMIA y la DAIA fueron consultados por la procuradora antes de definir el nuevo equipo. Hubo pedidos de fiscales independientes y de transparencia en el manejo y el trato con las partes. Algunos familiares de víctimas le criticaban a Nisman que solía privilegiar ciertos vínculos, incluso con la embajada de Estados Unidos y servicios de Inteligencia. La resolución de ayer de Gils Carbó les exige a los fiscales de la unidad AMIA “la coordinación entre ellos, la interacción con los querellantes y familiares de las víctimas del atentado y la transparencia y objetividad en su actuación”.

El coordinador del equipo, Murray, es un secretario que actuó como fiscal subrogante y ad hoc principalmente en San Nicolás y Rosario. Actuó en la causa que desbarató una banda narco que involucraba a policías y en la que terminó preso el ex jefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, junto con otros policías. Participó en otro caso de narcocriminalidad, en lo que se conoció como Operativo Fli-pper, que desarmó la banda que comandaba “Delfín” David Zacarías. Fueron tramas delictivas que en el ínterin se cobraron muchas vidas. También intervino en causas de lesa humanidad, entre ellos juntó pruebas contra Luis Patti e insistió en investigar la muerte del obispo Carlos Ponce de León en un supuesto accidente durante la última dictadura.

Namer es fiscal ante los tribunales orales federales porteños. Fue la fiscal del juicio de los sobornos del Senado, donde el tribunal absolvió a los acusados, y en IBM-Banco Nación, donde los imputados aceptaron su culpabilidad, y acusó a María Julia Alsogaray. Fue coordinadora de investigaciones de fraudes contra el Estado en la Oficina Anticorrupción durante 2004 y 2005 y dirigió la Oficina de Coordinación y Seguimiento en Materia de Delitos contra la Administración Pública (Ocdap) durante la gestión de Esteban Righi.

Roberto Salum es fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Reconquista. Actuó en causas de lesa humanidad, como Base Aérea, y consiguió la primera condena en Santa Fe por un caso de apropiación de bebés. También tuvo casos complejos de narcotráfico con participación de policías.

Patricio Sabadini es fiscal de primera instancia en Chaco e integra un equipo de asistencia en causas de derechos humanos en su jurisdicción. Está haciendo un doctorado de Derecho Penal en la universidad de Castilla La Mancha. Los tres fiscales, penalistas y procesalistas son o han sido docentes.

Gils Carbó los presentó como “un equipo que nos parece muy adecuado, por su perfil técnico, su integridad y, por qué no decirlo, su valentía, que han demostrado en sus actuaciones”.