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jueves, 11 de diciembre de 2014

CIDH condena a Colombia por violación a los DD.HH

La operación militar en el Palacio de Justicia dejó más de 100 muertos y varios desaparecidos
De acuerdo con el documento de la Corte, el Estado hizo caso omiso a la investigación por la desaparición de 11 personas tras la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 en noviembre 1985.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles al Estado colombiano por ser responsable de la matanza ocurrida durante la operación militar en el Palacio de Justicia, entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, que dejó más de 100 fallecidos y 11 desaparecidos.
En el documento de 212 páginas, la CIDH atribuye al Ejecutivo colombiano la desaparición de 11 personas durante la operación militar para recuperar el recinto, entonces tomado por el grupo insurgente M-19. Igualmente le responsabiliza de violación de derechos humanos, a la libertad e integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la persona jurídica de los desaparecidos. 
“Los sospechosos eran separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados y/o desaparecidos”, reza la condenatoria, por lo que la Corte declaró responsable intencional a la nación andina. 
DATO
El 5 de noviembre de 1985, el M-19 tomó la sede del Palacio de Justicia, exigiendo hacer un juicio público al presidente Belisario Betancur (1982-1986). El Gobierno ordenó entonces una operación militar para recuperar el Palacio que duró dos días. 
En medio de enfrentamientos, murieron miembros del grupo insurgente y 11 de los 24 magistrados de la Corte Suprema. También fueron dadas por desaparecidas 11 personas. A raíz de la toma del Palacio y la respuesta militar los procesos penales se cerraron por decisión de diferentes tribunales hasta que la Fiscalía General inició en 2005 la investigación del caso.
Tras el inicio de la investigación, la Fiscalía ordenó la detención de varios militares retirados, incluido el coronel Alfonso Plazas vega, cuyo juicio por delito de desaparición forzada comenzó en 2008, señala El Colombiano.
Aunque los hechos ocurrieron hace 29 años y el Gobierno de Juan Manuel Santos manifestó su pesar por lo sucedido, la CIDH reafirmó su condena. Mientras, el Estado dijo que estudiará la sentencia para establecer cuáles son sus verdaderas implicaciones. 
“El Estado incumplió su obligación de iniciar una investigación de oficio, inmediata y efectiva, omitió realizar las actividades de búsqueda necesarias para localizar el paradero de los desaparecidos y esclarecer lo sucedido, así como no actuó con la debida diligencia en las primeras diligencias de la investigación y, en menor medida, en las investigaciones desarrolladas actualmente en la jurisdicción ordinaria”, destacó la CIDH en el documento.
Entre las 11 personas desaparecidas se encuentra, Irma Franco Pineda, miembro del Movimiento 19 de Abril (M-19).
La Corte considera que el Estado no es responsable por las desapariciones forzadas de Ana Rosa Castiblanco Torres y Norma Constanza Esguerra, pero sí de haber incumplido su deber de garantizar el derecho a la vida de las víctimas, puesto no hubo búsqueda de su paradero en 16 años.
En ese sentido ordenó “resarcir económicamente a los familiares de los desaparecidos. “Por concepto de daños materiales e inmateriales y por el reintegro de costas y gastos”. 
En Detalle.
Entre otras responsabilidades que atribuye la Corte figuran: 
-La desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial del Magistrado Auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas.
-Las detenciones arbitrarias e ilegales y torturas o tratos crueles y degradantes sufridos, respectivamente, por Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis.
- La falta de esclarecimiento judicial de los hechos y la violación del derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas.
- El incumplimiento de su deber de prevención frente al riesgo en que se encontraban los ocupantes del Palacio de Justicia y que era conocido por el Estado.
Colombia destaca en el puesto número dos, uno de los países más demandados ante la CIDH. Según estudio de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado citado por El Tiempo, después de Perú, la nación andina cuenta con más de mil 600 solicitudes de reparación en la instancia internacional (37 por ciento). 
En el caso colombiano la CIDH ha sido la única instancia donde víctimas de violaciones a los derechos humanos han encontrado eco ante los crímenes de Estado.  Es importante resaltar que países como Venezuela, Bolivia y Ecuador han criticado y rechazado decisiones de la Corte, por considerar que han estado parcializadas. 

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