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lunes, 29 de diciembre de 2014

Wikileaks confirma que la UE planea entregar los servicios a las multinacionales


Cuando el escándalo creado por la filtración de tres documentos secretos sobre las negociaciones del tratado de libre comercio entre EE UU y la UE (TTIP) empezaba a olvidarse, un nuevo texto confidencial ha salido a la luz.
Esta vez no ha sido Fíltra.la, sino Wikileaks quien ha permitido la filtración. Y el documento no habla del TTIP, sino del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés), un tratado que la UE tramita paralelamente con dos decenas de países, entre ellos EE UU, Australia, Japón, Australia, México y Canadá. Un acuerdo “negociado en secreto para hacer un marco de liberalización de todos los servicios en el futuro”, declara a Diagonal Pablo Sánchez, responsable de comunicación de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU). El objetivo, según Sánchez: “Asegurarse que la mayor parte posible de los servicios puedan ser negociables, en especial aquellos que hoy son percibidos como servicios públicos”.

¿Qué novedades aporta la filtración de Wikileaks?

Para Pablo Sánchez, la filtración de Wikileaks es una nueva herramienta que permite confirmar que existe una iniciativa orquestada contra el sector público. “[La filtración] muestra que el temor que teníamos de la voluntad de arrinconar a los servicios públicos existentes no era infundado. La táctica es que todo ‘nuevo servicio’ o que pueda ser dividido de uno existente debe ser puesto en el mercado y vaciar de contenido la definición de servicio público. Un hospital seguirá siendo un servicio público -la concesión-, pero todo lo que pase dentro estará en manos privadas. Siempre que dé beneficios, claro. Eso lo que están negociando”, explica este sindicalista.
El documento filtrado por Wikileaks muestra que pretenden "vaciar de contenido la definición de servicio público. Un hospital seguirá siendo un servicio público -la concesión-, pero todo lo que pase dentro estará en manos privadas"
Para Sánchez, resulta evidente que se trata de una ofensiva conjunta, junto con el tratado de libre comercio con EE UU: “Los mismo países, los mismos gabinetes de negociación...  Vamos, si esto es coincidencia tenemos mucha mala suerte”.
Con la negociación de estos dos tratados no sólo está en juego la privatización de servicios públicos, sinotambién garantizar que las privatizaciones realizadas en el pasado no tengan marcha atrás. “Lo que verdaderamente está en la agenda política es impedir que se renacionalicen y remunicipalicen servicios que fueron privatizados, dados en concesión a 20 o 25 años o en colaboración público-privada a través de un mecanismo, de nuevo, de arbitraje internacional. Como le están haciendo a Argentina, disuadiendo a posibles gobiernos o autoridades del coste de dichas políticas”, explica Sánchez.

El negocio de los servicios

Para comprender el origen del TISA hay que remontarse a 2001, cuando la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio pretendía acabar con todas las barreras y limitaciones para el comercio mundial. Tras el fracaso de las negociaciones y tras el fracaso del Tratado de Libre Comercio para las Américas (ALCA), las grandes potencias se lanzaron a firmar acuerdos bilaterales y multilaterales para avanzar en la liberalización del comercio.
Una coalición de países, que se llama a sí misma "los mejores amigos de los servicios" se han puesto a negociar para abrir al mercado la educación, los servicios sociales, los servicios medio ambientales, la sanidad...
El grupo de presión que está impulsando actualmente el TISA y el TTIP, denuncia Pablo Sánchez, se llamaUS Coalition of Service Industries.
“Este acuerdo tiene un padrino y es el lobby de los servicios financieros en los Estados Unidos. Dado el estancamiento de la ronda de Doha, una coalición de países, que se llama a sí misma ‘los mejores amigos de los servicios’, se ha puesto a negociar, ya que representa el 90% del comercio mundial de servicios. Su objetivo es abrir todos los servicios públicos posibles al mercado: educación, servicios sociales, servicios medioambientales, sanidad y un largo etcétera”, concluye Sánchez.

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